La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha asegurado este martes en el Parlamento de Navarra que, a tenor del análisis del mercado potencial y el perfil de los trabajadores, resulta "esperanzador" el plan que prevé lograr un 100 % de recolocación de los 237 trabajadores de Siemens Gamesa de Aoiz.
La ley, ha explicado la consejera en comisión parlamentaria, exige que, cuando una empresa despide a más de cincuenta trabajadores, se ponga en marcha un Plan de Recolocación Externa (PRE). La entidad responsable de dicho plan ha adquirido el compromiso de recolocación del 100 % de las personas que se adhieran a él y mantengan activa su búsqueda de empleo, ha precisado.
Se trata de un plan de 12 meses de duración (de 15 meses para aquellos trabajadores con más de 50 años), con un compromiso de recolocación del 100 % de las personas activas y con atención presencial en la oficina de la empresa de recolocación en Pamplona.
Todavía hay personas en proceso de decisión de aceptar una vacante en otra planta y personas adscritas a convenio especial. En este momento, de 237 personas afectadas, 160 se han adherido al PRE, a las que ya se les ha hecho una presentación grupal del plan.
La entidad ha realizado un sondeo de mercado, previo a la redacción del PRE, para detectar posibilidades de trabajo reales. Se han centrado sobre todo en el sector industrial (industria agroalimentaria, energía y automoción).
En cuanto al Área de Emprendimiento, la entidad calcula que un 7-10 % de las personas trabajadoras de la planta pueden tener interés en emprender y se trabaja en el asesoramiento individualizado.
Maeztu, quien ha comparecido en comisión a petición de Navarra Suma, ha subrayado que el cierre de la planta de Gamesa va a tener "un impacto importante para toda Navarra y cualitativamente serio en una comarca con problemas de despoblación y desempleo superiores a la media de Navarra".
"Todo el Gobierno de Navarra, con su presidenta a la cabeza, está comprometido con este asunto", ha dicho la consejera, quien ha resaltado que el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial sigue en contacto con la empresa "con el objetivo de priorizar las alternativas planteadas y ponerse a trabajar en profundidad en aquellas que se considere más factible".
Por otra parte, ha indicado, como se acordó con el Ayuntamiento de Aoiz, desde distintos ámbitos del Gobierno se sigue trabajando en el análisis de distintas posibilidades que permitan impulsar el polígono industrial de la localidad.
La parlamentaria de Na+ Maribel García Malo, tras asegurar que éste ha sido "un cierre precipitado e inmerecido", ha considerado que el Gobierno de Navarra "ha fracasado" en su intento de evitar el cierre de Gamesa de Aoiz y ha apuntado que el Departamento de Desarrollo Económico "ha actuado tarde y se ha visto superado por las circunstancias".
Ainhoa Unzu, del PSN, ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra en este asunto, ya que, "desde el minuto uno", su objetivo ha sido "salvaguardar el empleo en la zona" y ha pedido a la portavoz de Na+ que "no falte a la verdad".
Por el grupo de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que en la coalición están "hondamente preocupadas por el impacto que esta decisión va a tener en el empleo y la actividad económica en Navarra y particularmente en esa zona". En este cierre, ha dicho, "todo se reduce a una deslocalización con el único objetivo de incrementar el beneficio de la empresa".
La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha reconocido que "ha habido esfuerzos de los gobiernos de Navarra y de Madrid" ante la decisión de Gamesa, pero "nunca tenía que haber ocurrido que esta empresa se fuera de Navarra" y por tanto el Ejecutivo Foral "ha fracasado rotundamente".
Mikel Buil, de Podemos, tras destacar la necesidad de "empoderarnos legislativamente ante las deslocalizaciones", ha recordado que en la última EPA "hay más de 12.000 familias sin ningún empleo en casa", que precisan que se haga también "un esfuerzo muy fuerte" con ellas, y ha apostado por hacer una mayor inversión en zonas en peligro de despoblación.
En su turno de réplica, la consejera ha propuesto abrir un debate sobre "los instrumentos que tenemos los gobiernos democráticos para evitar estos cierres de empresas que, como ésta, atienden más a una política de deslocalización y a maximizar beneficios que a un problema que aboque al cierre".
