Los trabajadores que sean despedidos a los 63 años de edad, cuatro años antes de la edad legal de jubilación, y no encuentren un nuevo trabajo podrán prejubilarse anticipadamente si han cotizado al menos 33 años pero perderán nada menos que un 30% de la pensión que les correspondería tras una reforma de las pensiones que dejará ganadores y perdedores pero, en todo caso, más deuda para el Estado español. La parte positiva es que los pensionistas en activo verán como sus pensiones se incrementarán cada ejercicio con el IPC medio del año precedente, lo que, en teoría, garantiza el poder adquisitivo.

Las negociaciones para la próxima reforma de las pensiones ya están muy avanzadas y el borrador pactado consigue uno de los objetivos que se había planteado las fuerzas políticas de izquierda y que no era otro que escenificar el desmantelamiento de la anterior reforma del PP. Así, el factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno español del popular Mariano Rajoy en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este mismo año por el Ejecutivo en su ley para la reforma de las pensiones que está negociando con sindicatos y patronal.

Así figura, al menos, en el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que la Seguridad Social transmitió a los agentes sociales esta semana. A cambio, el Gobierno español “establecerá, en el plazo de máximo de un año, y previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”.

Eliminado el factor de sostenibilidad actual y comprometido el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el otro elemento que se perseguía era penalizar económicamente las jubilaciones anticipadas. Y se hace de manera importante.

Eso sí hay que distinguir entre los que se quieren prejubilar antes de la edad legal voluntariamente y los que lo hacen desde las filas del desempleo al haber sido despedidos en sus últimos años de su vida laboral y no logran encontrar un nuevo trabajo.

En el primer caso, la prejubilación voluntaria, la reforma supondrá que para una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su jubilación 2 años, plazo que se puede adelantar, su pensión se verá reducida en un 21%.

Para aquellas personas que se vean forzadas a jubilarse contra su voluntad como resultado de un despido, podrán hacerlo hasta cuatro años antes de la edad legal fijada pero se establece un sistema de penalizaciones por anticiparse a la jubilación que reducirá la pensión de manera sustancial hasta un 30%, en función de los meses, se calculará mes a mes y no por trimestre como hasta ahora, en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado.

En esa línea de intentar retrasar la edad de jubilación, el Gobierno, tras el palo de las penalizaciones, pone la zanahoria de una paga extraordinaria y de mayor cuantía que hasta ahora. Si una persona decide jubilarse más tarde de los 67 años verá incrementada en un 4%, ahora el 2%, su pensión por cada año que retrase su jubilación y además podrá percibirse como un pago único. Un trabajador que tenga derecho a la pensión máxima de 37.567 euros con más de 44 años y medio cotizados, podrá cobrar un extra 12.060 euros año.

IPC

Se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre previo.

Prejubilación

Se .penalizará hasta un 30% la pensión de los que se tengan que prejubilar a los 63 años, cuatro antes de la edad legal, por haber sido despedidos. Los voluntarios, dos años antes, perderán el 21% de pensión.