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El Gobierno destina 5,25 millones para empleo social protegido local

45 ayuntamientos van a beneficiarse en 2021 de esta partida y los contratos deben tener una duración mínima de seis meses

14.07.2021 | 01:00

pamplona – El Gobierno de Navarra, a través de una convocatoria de Derechos Sociales, destina este año 5,25 millones a 45 entidades locales para que desarrollen proyectos de empleo social protegido. Se trata de iniciativas cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo, la de mayor importe de Pamplona con 1,65 millones, y con las que se calcula que serán contratadas al rededor de 700 personas.

Los proyectos subvencionados deben tener una duración mínima de seis meses y las personas a contratar se pueden incorporar en distintas fechas con el fin de adecuar su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción socio-laboral. Este programa ofrece un acompañamiento social y ayuda en el aprendizaje de habilidades socio-laborales y de destrezas profesionales, a la vez que las personas beneficiarias realizan una actividad de interés colectivo.

El 80% de las ayudas se tienen que destinar a la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada y, al menos, el 50% de los contratos deberán ser para mujeres desempleadas por ser estas las que presentan mayores tasas de paro.

Para determinar las ayudas en cada caso, se tienen en cuenta criterios como el tamaño de los municipios, el porcentaje de personas desempleadas en la zona, la tasa de pobreza severa y el número de perceptores de Renta Garantizada.

También se valoran la capacidad institucional de la entidad, su compromiso con el programa a través del porcentaje de cofinanciación, la calidad técnica del proyecto, entendida como la coherencia existente entre objetivos, actividades, resultados esperados y herramientas de evaluación, y el análisis de la propuesta formativa o la propuesta de coordinación con agentes relacionados con la inserción socio-laboral.

Además cuentan con puntuación adicional aquellas zonas consideradas como de especial actuación por su dispersión geográfica para corregir las desigualdades territoriales, y el compromiso de contratación o inserción laboral, es decir, la posibilidad de que las personas participantes en el programa consigan en el semestre posterior algún contrato de trabajo.

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