El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó ayer que la UE debería estudiar cómo las reglas de disciplina fiscal europeas pueden alentar la inversión pública necesaria para acometer la transición climática y digital a la que aspiran los Veintisiete. “Si somos serios en los esfuerzos que tenemos que hacer para la transición ecológica y digital, no podemos permitirnos una disminución de las inversiones similar a la que tuvimos en la crisis financiera de hace diez años”, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas comunitarios que se celebra en Eslovenia. El comisario incidió en que, si bien la inversión privada tendrá que acometer la mayor parte de este esfuerzo, será necesario un “importante” nivel de financiación pública, por lo que “es útil debatir en qué modo, desde el punto de vista de las reglas, se pueden alentar estas inversiones públicas”.

Los ministros debatieron ayer sábado sobre el modo de conjugar estas necesidades de inversión con la consolidación fiscal que deberá acometer la UE para rebajar los niveles de déficit y deuda, que se han disparado con la respuesta a la pandemia y se prevé alcancen en 2021 el 7,5 % y 94 % del PIB, respectivamente.

La discusión pivota sobre una propuesta del centro de estudios Bruegel, que cifra en 360.000 millones de euros las necesidades adicionales de inversión cada año para alcanzar las metas climáticas de la UE en 2030, y abre la vía para el debate sobre la revisión de las normas de disciplina fiscal comunitarias, que comenzará en otoño y divide ya a los países.

El ministro de Finanzas austriaco, Gernot Blümel, dijo a su llegada al encuentro que “las reglas han funcionado” y demostrado “durante los años de prosperidad de la UE” que a través de ellas se puede proporcionar “estabilidad y crecimiento”. “En general, creo que deben ser aplicadas. Tendremos discusiones, pero tenemos que ser claros en que a largo plazo tenemos que rebajar la carga de la deuda porque, si no, no tendremos espacio fiscal para la próxima crisis”, dijo.

Austria, junto con Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia y República Checa, han publicado una posición conjunta de cara a este debate en la que se muestran abiertos a estudiar mejoras en las reglas, siempre y cuando estas “no pongan en peligro la estabilidad fiscal” y el control de la deuda y el déficit sean el núcleo de las mismas. Rechazan así la flexibilización por la que abogan países como España, Francia, Portugal o Italia.

Las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fueron congeladas en marzo pasado para permitir el ingente gasto público requerido para responder a la pandemia y permanecerán suspendidas durante 2022.