- La ONG Burma Human Rights Network pidió ayer un embargo global de armas y zonas de exclusión aérea para Birmania (Myanmar), un día después de la represión más sangrienta de las protestas antijunta desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

Birmania (Myanmar) se levantó el domingo de luto, un día después de la peor represión desde el golpe de Estado, aunque eso no impidió que muchos volvieran a salir a protestar contra los militares que tomaron el poder en febrero. El recuento de muertos del sábado oscila entre los 90 y los 113 debido a los disparos de los soldados y la policía, que se ensañaron el sábado contra los manifestantes con una violencia indiscriminada en la que asesinaron al menos a seis menores de entre 10 y 16 años.

El número de muertos total desde el golpe supera los 460 en un ambiente de terror en el que los uniformados disparan y torturan a civiles desarmados a diario.

No obstante, los birmanos volvieron a protestar ayer, aunque en marchas menos multitudinarias que la víspera, en ciudades como Rangún, Monywa, Myinchan, Magway y Hapakant. En Monywa, las fuerzas de seguridad mataron a un hombre no identificado y a una enfermera de 21 años. En la localidad de Aungmyaythazan, en la región de Mandalay los soldados dispararon la pasada noche contra un hombre de 40 años y lo tiraron a unas barricadas en llamas, donde murió a causa del fuego.

La junta militar ha cerrado medios y persigue a los periodistas, por lo que la cobertura de las protestas y la represión depende de reporteros que viven en la clandestinidad y testigos que graban y fotografían lo que ocurre en la calle con sus móviles.

Tras la violencia del pasado sábado, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de EEUU y otros once países condenaron a los militares birmanos, que masacraron a los manifestantes. La nota critica el uso de fuerza letal contra civiles desarmados y afirma que el Ejército birmano ha perdido la “credibilidad”.

Por otro lado, dos altos responsables de la ONU urgieron ayer a la comunidad internacional a proteger a los birmanos de las atrocidades cometidas por las autoridades militares del país. El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, calificó la represión del sábado de “asesinatos en masa” y criticó a los países que evitan condenar la violencia o la critican sin tomar acciones.

Así, pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones que eviten que los militares birmanos sigan beneficiándose de negocios como la explotación de gas y petróleo o puedan comprar armamento.