Vecinos de Atarrabia denuncian el “ruido crónico” de un nodo de telecomunicaciones

Vecinos del número 20 de la calle Fermín Tirapu de Atarrabia han denunciado el “ruido crónico” al que se ven sometidos por un nodo de telecomunicaciones ubicado en la planta baja del edificio residencial. Y lamentan la “inacción” e “ineficacia” municipal “para hacer cumplir sus propias resoluciones”.

La noche del pasado jueves, coincidiendo con una inspección sobre el ruido y vibraciones del nodo de telecomunicaciones, alrededor de 40 vecinos se concentraron en la puerta del local “pese al temporal de frío y nieve que azotó esa noche, demostrando el compromiso e interés de los miembros de la comunidad en solventar esta situación. A día de hoy el nodo mantiene su actividad y los equipos permanecen en funcionamiento como si nada”, lamentan en un comunicado.

Tal y como relatan los vecinos, la situación en el número 20 de Fermín Tirapu “es insostenible por la contaminación acústica generada por un nodo de telecomunicaciones de Vodafone ONO S.A., o alguna de sus filiales, ubicado en la planta baja”.

Recuerdan que la actividad del local, “que data de una licencia de apertura de 2007, ha sufrido modificaciones sustanciales (ampliaciones en potencia y equipos) sin la preceptiva licencia municipal, no existiendo ningún control ni supervisión por parte de la Administración sobre el cumplimento de los requerimientos legales, técnicos y de seguridad sobre este tipo de instalaciones”. 

Los vecinos han documentado estas ampliaciones, incluyendo nuevas aperturas de rejillas en fachada, al menos en tres años distintos: 2009, 2015, 2021. Y “ha sido constatado por los propios técnicos municipales que inspeccionaron su interior”.

El resultado de estas instalaciones modificadas es “un ruido y vibraciones continuados que impiden el descanso nocturno en las viviendas superiores. Las mediciones acústicas han demostrado de manera fehaciente el incumplimiento de la normativa vigente, el Real Decreto 1367/2007. Tanto las realizadas por Policía Municipal como el informe independiente contratado por la comunidad en agosto de 2025, corrobora que la actividad de Vodafone no cumple con los requisitos legales para el funcionamiento nocturno”, explican. 

A pesar de que las quejas vecinales se iniciaron formalmente en febrero de 2024 –con notificaciones verbales previas– el Ayuntamiento de Villava “ha procedido con lentitud. Si bien el consistorio incoó un expediente sancionador el 28 de julio de 2025, se le concedió a Vodafone ONO S.A. un plazo de un mes para legalizar la instalación o presentar un informe técnico que demostrase la adopción de medidas correctoras. Vodafone ha ignorado reiteradamente estos requerimientos, superando el plazo sin alegar ni presentar documentación de legalización alguna. Incluso en septiembre de 2025, se detectaron de nuevo trabajos de sustitución de equipos sin haber solicitado los permisos correspondientes”, afirman los vecinos de Fermín Tirapu.

El pasado 5 de noviembre, prosiguen los vecinos, Alcaldía dictó una nueva Resolución “ordenando, como medida provisional, la desconexión y precintado de los equipos que producen el ruido y las vibraciones, citando la comprobación para el 20 de noviembre. La frustración vecinal es mayúscula, ya que el Ayuntamiento ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de su propia orden de cese del ruido”, dicen. 

Los vecinos exigen al Ayuntamiento de Villava “que ejerza de forma inmediata y efectiva su potestad sancionadora para precintar las instalaciones ilegales. No se puede seguir justificando la inacción en base a una licencia de 2007, cuando la instalación actual no tiene nada que ver con la original, y es claramente ilegal e insalubre. El derecho al descanso y a la seguridad de los vecinos de Villava no puede estar supeditado a la negligencia de una gran empresa y a la dilación administrativa de nuestro Consistorio”, argumentan.

“Problemática creciente”

Por último, consideran que “esta problemática no es única y otras comunidades de propietarios de la Comunidad Foral se pueden ver reflejadas por la constante evolución de las instalaciones de telecomunicaciones en los últimos 15 años y la negligencia de los operadores, que permiten que estas instalaciones ubicadas en edificios residenciales ejerzan su actividad sin cumplir los requerimientos vigentes ni dar ninguna respuesta cuando se les requiere”. 

Ante esta “problemática creciente”, piden que la Administración “ejerza de una manera eficaz una labor de supervisión y control que preserve los derechos de los ciudadanos, y poder proceder con medidas cautelares de forma inmediata y que estos procedimientos no se dilaten en el tiempo si se ha podido demostrar de forma fehaciente la negligencia”.