pamplona - Los conceptos y los importes que figuran en las facturas reclamadas por la Administración foral a los 22 investigados por la ocupación de Rozalejo dio para varias preguntas y repreguntas a lo largo del juicio. En el mismo, la jefa de Patrimonio del Gobierno de Navarra defendió que los trabajos que se ejecutaron para desalojar el inmueble no se podían corresponder con una obra ordinaria, sino que era “una situación excepcional, en la que la empresa encargada tuvo incluso que camuflar sus vehículos, sufrían insultos e incluso el primer soldador que vino a cerrar la puerta de entrada ya no quiso volver una segunda vez porque hacía su trabajo en la calle y le increpaban. Hubo hasta 22 operarios trabajando y el desalojo no se pudo llevar a cabo en un día”. La defensa le preguntó si ese soldador podía haberse negado a hacer esa tarea por cuestiones de conciencia, como los cerrajeros que no acuden a los desahucios, matiz que Echavarren, la jefa de Patrimonio, dijo desconocer. En la responsabilidad civil que se reclama, el Ejecutivo foral también incluye la exigencia de pago de 520 horas extra de los policías forales que intervinieron -en total fueron 72- a razón de 14,38 euros la hora. La reclamación es de 7.484,79 euros por este concepto. Las defensas entienden que no se les puede achacar a sus representados este importe, que además, alegan, “no está desglosado con qué se corresponde”.

Uno de los agentes que accedió al edificio en enero de 2019 constató que en el Palacio de Rozalejo los okupas habían realizado varias modificaciones en su interior respecto a lo que había sido el primer desalojo fallido de agosto. Así, recordó que gracias a la colaboración de un perro policía, encontraron en una entreplanta, al lado de las escaleras, una estancia que denominó como “búnker”, que estaba parcialmente oculto y en el que había sacos de dormir, linternas, comida y agua, elementos que nos hacían pensar que estaban para permanecer algún tiempo”.

Otros dos técnicos que también firmaron informes que motivaron los desalojos previos de agosto de 2018, que posteriormente motivaron la reocupación, ratificaron en la vista oral los “riesgos” que existían en el edificio y explicaron que en la actualidad no se puede entrar al inmueble desde la planta baja, “sólo desde altura”. “Si una persona entra con conocimiento de cómo está el edificio, y toma las medidas adecuadas, no hay problema, pero si entra indiscriminadamente hay peligro”, comentó. No obstante, remarcó que “el peligro era mayor antes” del desalojo, “sin duda”.

En esta misma línea, un técnico que trabajaba para el Servicio de Patrimonio en el momento que sucedió el desalojo, y que ahora ya está jubilado, afirmó que las modificaciones que se habían realizado en el edificio por parte de los ‘okupas’ “podían ser consideradas un riesgo”. “Es un edificio antiguo, tiene una determinada estructura. Meter en una sala a 50 personas es un riesgo porque no está pensado para esa sobrecarga”, relató. - E.C.