Autogobierno laminado otra vez

la admisión a trámite de un nuevo recurso del Gobierno central, en este caso del PSOE, contra una ley foral del Parlamento, esta vez contra la Ley de Policías de Navarra -aprobada el pasado noviembre de 2018-, solo puede interpretarse como una nueva injerencia en el autogobierno. Es cierto, que el recurso apenas afecta a un par de artículos -el rango de autoridad de la figura de Auxiliar de Policía y la aspiración que tiene la ley foral de coordinación entre las fuerzas policiales presentes en la Comunidad Foral-, pero supone que una vez más el centralismo político interviene en la capacidad legislativa y las competencias propias de Navarra al margen de la bilateralidad que el propio régimen foral otorga a las relaciones políticas con el Estado. Más aún cuando el recurso ante el Constitucional presentado por el Gobierno de Sánchez se materializó el pasado mes de agosto, con la socialista Chivite ya como presidenta de Navarra y con el también socialista Remírez como vicepresidente responsable de Función Pública e Interior. El Parlamento foral dio luz verde a la nueva Ley de Policías de Navarra tras años de polémica políticas y confrontación sindical hace casi un año, aunque el hecho de que fuera aprobada con los votos de Geroa Bai, UPN, Bildu y tres parlamentarios de Podemos, la abstención de PP, PSN e I-E -aunque Batzarre, socio de esta coalición, se posicionó públicamente a favor del texto-, y el voto en contra de cuatro parlamentarios de Podemos evidencia el galimatías político, sindical y presupuestario que ha lastrado el debate sobre el nuevo modelo de organización policial en Navarra. En sus objetivos, la nueva ley defiende objetivos ambiciosos para fijar un modelo policial en Navarra afrontando los cambios necesarios para consolidar un modelo propio, integral, referencial, vanguardista, moderno e inspirado en principios éticos, una demanda pendiente desde hace lustros. Además de consolidar la reivindicación histórica de configurar un cuerpo policial en Navarra que pudiera asumir todas las competencias transferibles que no son exclusivas del Estado, desde Tráfico y Seguridad Vial a Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. En todo caso, este recurso del Gobierno del PSOE es la 18ª ley aprobada por el Parlamento foral impugnada de inconstitucionalidad por el Estado, en su mayoría por el PP. El Constitucional ha resuelto el 80% de esos recursos a favor del Ejecutivo central, que sin embargo sigue sin restituir a Navarra la competencia de Tráfico expropiada.