l agrio y grueso cruce de acusaciones que tuvo lugar el pasado viernes entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la gestión de la pandemia, junto a la comparecencia del líder socialista en la que anunció un optimista calendario de vacunación y fijó de manera unilateral el fin del estado de alarma en mayo son los últimos exponentes de que las próximas elecciones madrileñas fijan la prioridad del Ejecutivo. La precampaña del 4-M, embarrada como todas las que han tenido lugar en los últimos años en el Estado, se ha convertido en el gran objetivo del Gobierno y de los partidos españoles. Hasta el punto de que la gestión real de la pandemia parece subsumida en la contienda electoral, marcada por una confrontación y polarización sin límites. En este contexto, el resto de temas que figuraban y debieran estar en la agenda del Gobierno y de las formaciones políticas han pasado a un segundo plano. No es de recibo. El fin del estado de alarma anunciado sin consulta siquiera a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas por parte de Sánchez para el 9 de mayo, en medio de la cuarta ola y sin que los indicadores de la pandemia avalen una decisión como esta, que además deja a las comunidades sin los principales instrumentos ni garantías legales para tomar las medidas adecuadas frente a la expansión de la covid-19, es la muestra más palpable de la supeditación de la gestión gubernamental a las necesidades electorales de PSOE y Podemos en Madrid. Desde la perspectiva de Navarra y la CAV, además, se percibe que, pese a los acuerdos alcanzados hace meses, el clima electoral y las prioridades de Sánchez pueden demorar el calendario de transferencias pendientes. Ello pone en riesgo los avances alcanzados. No se trata de que no exista diálogo e incluso acuerdos, pero es obvio que el Gobierno adopta un perfil bajo en cuestiones que pueden perjudicarle electoralmente en Madrid. Es, sin embargo, imperdonable que se prime el interés electoralista sobre la gobernanza, los acuerdos y el bien común. Nada nuevo en el Estado, pero que figurará, sino rectifica a tiempo en el debe del Gobierno Sánchez.
