El proyecto de Ley Foral de lucha contra el Racismo y la Xenofobia, pendiente de debate parlamentario, supone todo un avance en las políticas de refuerzo en la convivencia pacífica y la cohesión social. Una ley acorde con el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra 2021-2026 y destinada prevenir el racismo y ofrecer un sistema de protección a aquellas personas que sufren la xenofobia y la discriminación. Una norma pionera en el ámbito estatal y europeo que trabaja en materia de prevención, concienciación y formación en todos los ámbitos, desde la salud, la educación o la justicia, pero que también contempla acciones concretas. Entre ellas, destaca un Consejo Navarro contra el Racismo y la Xenofobia dedicado a velar para que la perspectiva de inclusión forme parte de todas las políticas públicas y que éstas a su vez se fiscalicen, así como la creación de una Oficina de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, un servicio público y gratuito para garantizar la atención integral a personas que sufren o han sufrido algún tipo de discriminación por origen étnico o racial, con protección a las víctimas en el ámbito socioeducativo y asesoramiento. Un trabajo de mediación necesario dado que muchas situaciones de discriminación ni siquiera se denuncian. Hoy, más que nunca, el inmigrante se ve desde algunos círculos sociales, económicos y políticos se como una “amenaza” en el acceso a la vivienda, a los servicios sociales, a las ayudas y otros recursos públicos. Prejuicios y estereotipos que, sin ir más lejos, hace que particulares y empresas no quieran alquilar una vivienda a personas de fuera. O que afecta las mujeres de origen migrante que no trabajan y que sufren, en mayor medida, de aislamiento social. Como también hay posturas tremendamente economicistas en el plano laboral que tratan al extranjero en términos de “trabajo por salario”, esperando que sean ellos los que se integren. Navarra tiene 111.397 personas empadronadas de origen migrante (16,78% de la población) y la llegada de 3.225 migrantes evitó que Navarra perdiera población a lo largo del año 2021. La nueva ley también habla abiertamente de “reconocimiento y reconciliación” con el pueblo gitano y de políticas de reparación “medibles y evaluables” lo que abre una oportunidad para trabajar de forma decidida en una mayor toma de “conciencia” hacia la inserción escolar y laboral de la población gitana y de las mujeres. En plena contienda electoral el respeto y el acercamiento deben ser bandera, y la intolerancia el enemigo a batir.