La anunciada escalada belicista en Oriente Próximo se profundiza con la incursión militar israelí sobre el sur de Líbano. El Gobierno que lidera Benjamin Netanyahu abre otro foco que le permite continuar el estado de guerra con el que podrá seguir eludiendo responsabilidades políticas de otro orden –incluyendo la eventualidad de su procesamiento por fraude y corrupción–. Su estrategia de exterminio sobre la población civil palestina de la franja de Gaza alcanza una magnitud de insoportable y la extensión de la guerra contra un rival armado –Hizbulá– busca un foco de comprensión internacional que se ampara en el derecho a la defensa de sus ciudadanos. La mayor organización militar irregular del mundo ha sido castigada hasta sus raíces en las semanas precedentes sin que acredite capacidad de respuesta a la altura de la superioridad israelí. Hizbulá es más un tentáculo de los intereses de Irán que una organización con una estrategia de liberación del pueblo palestino. Netanyahu busca en cierto modo redimirse de su poco edificante papel como líder hebreo aniquilando a las organizaciones armadas que rodean a Israel para distanciar al antagonista régimen de Teherán. La extensión del conflicto alcanza a todas las organizaciones que dependen de Irán y amenaza con situar en el punto de mira a los aliados más obvios de Israel, con los intereses de Estados Unidos en primer lugar. La dimensión estratégica de la crisis del sur de Líbano da la pauta del éxito de la unilateralidad israelí en la región. Miles de soldados desplegados en la región bajo el paraguas de la Misión de la ONU (FINUL) están bunquerizados, refugiados de las bombas hebreas tras 46 años de despliegue internacional sin efectos útiles. Netanyahu acudió días atrás a la Asamblea General de Naciones Unidas a anunciar que no se somete al arbitrio de la legislación internacional, que quiere una guerra y que piensa ganarla. El ejemplo registrado en Gaza augura la misma falta de contención y respeto a los derechos humanos en cada actuación militar israelí. Si un sentido de la responsabilidad humanitaria y la justicia no han servido para que la comunidad internacional frene con firmeza la escalada violenta, no cabe salvo, tristemente, confiar en que lo haga el impacto económico de la inestabilidad en una zona sensible al tránsito de mercancías e hidrocarburos.