El Gobierno de Navarra va a tener la potestad de declarar zonas especialmente tensionadas por los precios del alquiler de vivienda. Con el trámite iniciado esta semana arranca un largo proceso administrativo para establecer el mapa de los municipios o comarcas donde la vivienda ha subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años o donde su renta o el pago de la hipoteca se lleva más del 30% del salario de una unidad familiar. Cualquiera de estos dos requisitos son suficientes para que el Ejecutivo intervenga aunque en realidad ambas condiciones se han dado a lo largo y ancho de todo el territorio navarro no sólo en zonas urbanas. No hay más que ver los precios en cualquiera de los portales inmobiliarios si bien el problema, que se ha agudizado en los últimos cinco años aunque lleva en línea descendiente desde 2014, sea verdaderamente dramático en los barrios y municipios de la gran ciudad con alquileres a más de 10€/m2. El departamento de Vivienda -siguiendo la senda catalana- ha cruzado datos tasados en el mercado libre para poder establecer esos topes en los alquileres por metro cuadrado, un índice que debe autorizar finalmente el Estado y que obligará a que los nuevos contratos estén sujetos a unos controles. La Comunidad foral, que establecerá un diálogo con las entidades sociales y agentes afectados antes de abrir el nuevo mapa a exposición pública, opta por intervenir en el mercado libre como una medida más para paliar el problema de accesibilidad habitacional y con más de 14.000 solicitantes en el censo de vivienda. Las reacciones de agentes inmobiliarios no sorprenden -como tampoco las de las comunidades gobernadas por el PP- en su petición de mayores garantías para el propietario olvidando que la mayor desprotección la tienen lo miles de personas que no pueden acceder a una vivienda y ven hipotecado su futuro vital y profesional. Habrá que estar vigilante para que esta regulación no derive en un mayor peso del mercado negro y el alquiler por habitaciones, un fenómeno en aumento. Sin olvidar que el cambio de paradigma en la política de vivienda se produjo realmente partir del 2015 con el nuevo gobierno foral y un modelo enfocado a proteger la vivienda como derecho no como negocio. Medidas como que las VPO no puedan venderse a precio libre, ir construyendo un parque de vivienda pública -todavía insuficiente-, apostar por VPO en los pueblos o ayudas para alquiler joven como el Emanzipa.