El lunes fue un día de grande para los preparacionistas o preppers, como se les llama en inglés a los miembros de esta nueva tribu. Son esas personas que se preparan concienzudamente para hacer frente a todo tipo de catástrofes, mucho más allá del kit de supervivencia de Von der Leyen. Además de hacer acopio de comida, agua, hornillos y transistores, algunos hacen cursillos de supervivencia y primeros auxilios e, incluso, se interesan por adquirir los conocimientos propios de los soldados del ejército. El boom de esta tendencia comenzó después de la pandemia y dicen que en EEUU (¿cómo no?) ya cuenta con 3,7 millones de adeptos. Yo, la verdad, lo veo un poco complicado porque ni tengo sitio en casa ni tiempo para preparar todo eso. Prefiero pagar mis impuestos y tener un sistema público de emergencias sólido y profesional. Autodefensa sí, pero autodefensa comunitaria y universal. Y el mejor modo de incrementar esta autodefensa es a través de una regulación eficaz. Poco a poco van dando información sobre las causas del apagón y cada vez queda más claro lo que apuntan muchos expertos: el panorama energético ha cambiado mucho en estos últimos años y es necesario y urgente actualizar las leyes para controlar las ansias de dinero de los grandes operadores de energía. El Gobierno lleva una década sin actualizar la Estrategia de Seguridad Energética del año 2015 y a todas estas empresas hay que exigirles que actúen dentro de unos límites y que hagan las inversiones necesarias para que el sistema funcione sin poner en peligro a la ciudadanía. Los Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y demás tiburonazos me dan más miedo que quedarme sin velas en casa.
