Hace tiempo que el nuestro es un país totalitario. Y lo es porque para que eso suceda no es necesario que haya tanques por las calles, es suficiente con que el poder ejecutivo esté por encima del poder judicial y por consiguiente, éste último no sea independiente, como exige un sistema realmente democrático.

Parece que el nombramiento de Dolores Delgado ha desatado la furia de la mayoría de los partidos en la oposición. La misma furia que se produce, cuando se da un caso de transfuguismo político de esos que le permiten a un miembro de un partido pasarse a la oposición con el bagaje político de sus votos. Sin embargo, no hemos visto que ningún grupo político, de estos que manifiestan su indignación, haya hecho nunca la propuesta de promover una ley que prohiba esa actitud claramente impresentable. ¿Será quizás porque importándoles un bledo si la cosa es correcta o no, piensen que quizás un día a ellos también les pueda ser útil?

En el caso de la nueva fiscal general no estaría de más hacer un poco de memoria. Cuando se redactó nuestra actual Constitución y se puso en marcha en 1978 eran los jueces en activo, al margen del gobierno, los que votaban la composición de los altos tribunales de justicia o la Fiscalía General del Estado. Un dudoso demócrata, Felipe González, promovió una ley orgánica para que fuese el gobierno el que interviniera mayoritariamente en la conformación de estos tribunales acabando de un plumazo con la independencia del poder judicial, allá por 1985.

El control de la justicia por los sucesivos gobiernos, sin importar el signo político, ha sido el talón de Aquiles de nuestra democracia y hace años que el consejo de Europa le pide a España que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados directamente por los jueces. Pero ninguno, de nuestros partidos políticos, como en el caso de los tránsfugas, promoverá una ley para volver a que sean los jueces los que decidan sobre la judicatura, porque en definitiva, nuestros partidos son distintos collares del mismo perro de indecencia, a la horade hacer política en este país. Ya hace treinta y cinco años, que no mientan más con la independencia del poder judicial, unos y otros, ya basta de milongas.