Precisamente, la falta de transparencia y la inoportunidad de tramitar la ley de Educación, la LOMLOE, o también conocida como "ley Celaá", en la actual situación de excepcionalidad son dos de las críticas más escuchadas. Muestra de ello son las dos "manifestaciones digitales" que se han producido en los últimos días bajo los lemas "así no" y "Stop a la ley Celaá".También se cuestiona la voluntad de diálogo del Gobierno. Es cierto que quedan por votarse las enmiendas al proyecto presentadas por distintos partidos, pero no parece que vaya a ocurrir algo muy diferente a lo que sucedió en la primera tramitación, a principios de 2019. Entonces el gobierno sí anunció que "estudiaría" 71 de las 121 propuestas aprobadas por el Consejo Escolar, pero lo cierto es que, como reconoció el presidente de este órgano consultivo, ninguna de ellas reflejaba la postura de quienes aprobaron la anterior ley. Esta vez, ni siquiera se producirá este trámite. Según ha señalado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, el Gobierno ha decidido no incluir sus propias enmiendas en el proyecto para que no tenga que volver al Consejo Escolar y así acelerar su tramitación. Ya no habrá que tener en cuenta los deseos de las familias al planear la oferta educativa, sino solo asegurar que haya plazas de colegios públicos. Algunas de las medidas propuestas en el texto no pasan de ser declaraciones genéricas o brindis al sol, como lo de cambiar un sistema de aprendizaje "memorístico" (alguien debe de creer que todavía se canta la lista de los reyes godos) por otro "reflexivo, significativo y competencial personalizado". En otros casos, los supuestos cambios no son más que variaciones leves de algo que ya existe, como las "nuevas" pruebas de diagnóstico (muy parecidas a las tan criticadas reválidas, pero en otros cursos), o la supresión de los itinerarios al final de la ESO (uno hacia Bachillerato y otro hacia Formación Profesional), que en la práctica se sigue permitiendo, solo que a través del diseño de las materias optativas.
