Y ahora qué, ilustres magistrados del Supremo que están pendientes de ser renovados desde 2018 y con legitimidad más que dudosa. ¿Cómo se van a enmendar estos destrozos irreparables? Han tenido en la cárcel con contumacia seis años y medio a los miembros de Bateragune a pesar de que fueron declarados inocentes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal se reitera en los términos de la sentencia y obliga al Supremo a tragarse el sapo y declarar que carecieron de un juicio justo. ¿Recuerdan la actitud arrogante de la juez Murillo durante el juicio contra Otegi? Pero el sistema tiene previstas soluciones para estos casos que parecen obra de extraterrestres: se les indemniza a cargo del Estado y a seguir emitiendo sentencias impunemente. No en vano es reconocido que la justicia española está entre las más garantistas del mundo, como se ha evidenciado con el procés catalán. Porque los condenados han sido hospedados gratis total más de seis años en prisión e incapacitados varios de ellos para candidatos a diversas elecciones. En un sistema de justicia que se origina con un golpe de estado en 1936, se designan jueces en función de la ideología de los triunfadores y se continúa durante la Transición con jueces ad hoc para la Audiencia Nacional, el poder judicial y otros cuya elección se fundamenta en criterios políticos, es imposible implantar principios jurídicos a la hora de establecer las garantías mínimas de independencia judicial. Lo consecuente ahora sería abrir expediente a jueces y tribunales que hayan emitido sentencias contrarias a los principios generales del derecho con efectos graves e irreversibles. La indemnización, como decía Machado, guárdensela, o que quede a cargo de los jueces cuyas sentencias han sido rechazadas. Porque está por demostrar si los jueces españoles son infalibles y asistidos por el Espíritu Santo.