Covid y centros residenciales

Resulta descorazonador ver cómo se están prohibiendo las salidas a personas residentes, tanto en centros de mayores como en centros de personas con discapacidad. La consejera Maeztu ha abierto la puerta a permitir visitas en estos centros, pero no salidas. Sin embargo, esto no es suficiente cuando los índices de contagio se encuentran a niveles de los habidos en el mes de septiembre. Parece que para los poderes públicos (y aquí nos referimos específicamente tanto al poder ejecutivo como al poder judicial, con la ratificación-autorización de las medidas contenidas en la Orden Foral 57/2020), estas personas son ciudadanos de segunda.Es comprensible que ante el mayor riesgo de contagio en estos centros, se incrementen las medidas de seguridad y las restricciones, pero lo que no es comprensible es que se anule por completo un derecho fundamental. Los residentes están aguantando hace ya demasiado tiempo, y resulta esperpéntico que mientras el resto de ciudadanos tienen limitado -no anulado- su derecho a la movilidad (y, por ende, a la libre circulación, recogido constitucionalmente en el artículo 19), los residentes en estos centros lo tienen completamente anulado, al igual que si tuvieran que cumplir condena por algún delito inexistente que hubieran cometido privándoles de su libertad. Y todo ello bajo la consigna de la salvaguarda de un derecho a la salud que se está viendo sometido a que, aun estando encerrados, se estén dando casos de covid en esos centros.¿Quién está metiendo, ahora que están encerrados desde hace casi dos meses, el virus dentro? Ahora no son ellos en su mayoría quienes lo están haciendo y, sin embargo, siguen encerrados. Quizá las propias condiciones laborales del personal no permitan guardar las medidas de seguridad en todo momento, bien por la falta de equipos, por la precariedad laboral, etcétera. ¿Por qué no se revisan estos aspectos y se adoptan medidas para los trabajadores como hacerles PCR habituales para minimizar riesgos? ¿Porque resulta caro? ¿Acaso está el beneficio económico por encima de derechos tan importantes? ¿Por qué no se adoptan otras medidas -que seguro que las hay consensuándolas entre todos- que no sean tan restrictivas de la libertad individual y del derecho a la autonomía personal, que no supongan eliminar un derecho fundamental? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Hasta cuándo?