a mayor parte de la sociedad navarra sabíamos que la tortura era una práctica habitual, pero no deja de resultar extremadamente dolorosa la impunidad con la que han actuado algunos poderes públicos y las sucias cloacas del Estado que llevan años y años funcionando con la alianza de las más altas esferas del país.
Probablemente por eso, la frialdad con la que hablaban el entonces coronel del CESID, Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, sobre el asesinato de Mikel Zabalza en los audios que se han publicado hace pocas semanas, nos han removido las entrañas a la mayoría de la sociedad navarra.
Qué doloroso para la familia escuchar con tanta naturalidad decir que “Zabalza se les fue, o que la capucha debe ser transparente para que el torturado vea la vida y sienta cómo la muerte se acerca”.
Incomprensible que la justicia no tuviera en cuenta estos audios pero en cambio sí las declaraciones del propio Gómez Nieto, que negaba la existencia del propio audio, o las del entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien indicó que no existía un solo documento que contuviera información que pudiera contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte de Mikel Zabalza. En el mismo audio, y con la misma terrible calma, estremece escuchar a estos representantes de las fuerzas de seguridad cómo obligaron a Lasa y a Zabala a cavar sus propios agujeros antes de recibir dos tiros en la cabeza.
Un terrorismo que ha venido de manos del Estado, pero que no por ello deja de ser puro terrorismo, algo inaceptable en un sistema democrático.
Este mismo mes de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba a España por hacer caso omiso de las denuncias de torturas a Iñigo González Etayo. Son 11 ya las condenas de Europa a España por no investigar torturas, y 6 de ellas dependían del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien seguimos esperando las explicaciones oportunas.
Si bien es cierto que vamos muy tarde en la reparación y justicia a estas víctimas, todavía estamos a tiempo de ofrecer un mínimo de respiro a sus familias. Por ello, es imprescindible que toda la sociedad conozca qué sucedió y que, además, se depuren todas las responsabilidades políticas.
Y para ello es absolutamente necesario que la ciudadanía tengamos acceso a informaciones que se han ocultado bajo el amparo de la ley de secretos oficiales y en nombre de la seguridad del Estado. Una ley auspiciada en el año 68 por el dictador Franco, Carrero Blanco y Manuel Fraga, concebida para blindar el propio franquismo una vez aconteciese la muerte física del dictador y que ha alargado la impunidad en tiempos de democracia.
Y no hablamos solo de casos de tortura.
Hablamos de los Sanfermines del 78 y la necesidad de reivindicar justicia para los crímenes de la transición. Hablamos de aquel lamentable “No os importe matar” que dejó más de 150 heridos, 11 de ellos de bala, y el asesinato de Germán Rodríguez. Hechos que siguen vergonzosamente impunes a día de hoy y que ha tenido que ser la justicia argentina quien intente repararlos ante el silencio de la justicia española.
Hablamos de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde 5 trabajadores fueron asesinados por disparos de la policía durante una asamblea laboral y 150 personas resultaron heridas. Hace pocos días se conmemoraban los 45 años de aquella barbaridad. Vamos construyendo una memoria cultural pero, ¿para cuándo la institucional junto a la justicia y la reparación?
Y a pesar de que somos conscientes de la dificultad de la desclasificación, especialmente porque no existe un listado temático de los asuntos que esconde, es inaplazable la necesidad de una reforma legal en la materia de secretos oficiales que podría arrojar luz en muchos más asuntos como la figura del Estado durante la dictadura franquista, el golpe del 23-F y el papel que jugó el rey emérito, la transición, el GAL y el terrorismo de Estado que se ha pretendido esconder durante años, o la opacidad en la venta de armas de España a gobiernos autoritarios como los de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, cuyos ejércitos han golpeado con fuerza en Yemen sustentando todo tipo de violaciones de derechos humanos y dejando a una población herida de muerte que se enfrenta a una hambruna sin precedentes ante el vergonzoso silencio mundial.
Podríamos extendernos con muchas otras razones para desclasificar ciertas materias pero es que si, además, miramos al resto del mundo, nos encontramos ante una norma excepcional entre la gran mayoría de países democráticos. Una excepción que incluso impide hacer una lectura real de la historia del país y que crea casos tan anodinos como el del accidente nuclear de Palomares en 1966. Tras 50 años de lo sucedido, los y las investigadoras que quisieron acercarse al tema solo pudieron hacerlo con la información estadounidense que sí estaba desclasificada. Es decir, tenemos que irnos a archivos de otros países para investigar nuestra historia.
Por lo tanto, hablamos de la construcción de nuestra propia historia, de transparencia, del derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero, sobre todo, de democracia.
Los autores son parlamentarios de Podemos Ahal Dugu en Navarra
