¿Ley de consumidores en contra de los consumidores?

Hace tres semanas nos enterábamos por la prensa de la tramitación, en periodo de alegaciones, de un estatuto del consumidor de Navarra que sustituye al del 2006, iniciativa que no ha sido comunicada ni tratada con esta asociación de consumidores. No parece lógico. Aunque no sea obligatorio, antes de realizar una ley de este tipo lo razonable parece consultar su necesidad y sus características con una asociación de consumidores que representa a más de 50.600 familias en Navarra y recibe de forma anual más de 46.000 reclamaciones y consultas. Lo demás se trata de trabajar inútilmente. Una vez estudiada la ley por nuestros juristas, observamos que no solo no aborda los temas que hoy en día interesan a los consumidores (fondos buitre, vivienda o formas de comercialización de la telefonía u otros suministros...), sino que en algunos casos olvida los derechos de las administraciones locales o limita y coarta los derechos de las asociaciones de consumidores y sus asociados. En el caso de las asociaciones de consumidores, por ejemplo, elimina la colaboración con la administración que constaba en la anterior ley y viene en todos los estatutos de las distintas autonomías. ¿Acaso no interesa al Servicio de Consumo colaborar con esta asociación de consumidores? Tampoco parece lógico. En la misma línea, elimina que las asociaciones de consumidores son el cauce idóneo para la defensa de los consumidores, una afirmación vigente en la anterior ley, y deja la representación de estos en manos de un Consejo de Consumo donde las asociaciones de consumidores son minoría. Tampoco menciona algunos derechos ya desarrollados en la anterior ley, como la declaración de utilidad pública, justicia gratuita o participación en las juntas arbitrales de consumo. También elimina la posibilidad de colaborar en la formación y educación de los consumidores. Además, como hemos señalado, no desarrolla los nuevos temas que pueden interesar a los consumidores actualmente.En definitiva, una ley que no es necesaria, que aporta muy poco y que va en contra de las asociaciones de consumidores y de las administraciones locales. Esta asociación ya se ha dirigido al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial para solicitarle una entrevista, si hay interés en seguir adelante con el proyecto, ofreciéndonos a la participación en las reuniones que sean necesarias para poder desarrollar una buena ley que beneficie a los usuarios.