En la reciente saga de absurdos legales nos encontramos con el desconcertante caso de un miembro del Servicio de Bomberos de Navarra reclamando una compensación de aproximadamente 11.000€ a una pequeña comunidad de vecinos. El motivo de la demanda: haberse torcido un tobillo al bajar por las escaleras para asistir a un vecino de elevada obesidad en estado crítico debido a un ataque epiléptico.
La imagen de este bombero, héroe por naturaleza, cargando en camilla a un vecino necesitado se ve empañada por la realidad de una demanda económica que desafía toda lógica y sensatez.
¿De verdad vivimos en una sociedad donde el derecho a la asistencia sanitaria se ve empañado por la posibilidad de una compensación desmesurada? La comunidad afectada, compuesta en su mayoría por personas de avanzada edad y recursos económicos limitados, se enfrenta ahora a la perspectiva de desembolsar una suma considerable debido a un accidente ocurrido en una situación de emergencia.
Es doloroso ver cómo un servicio público fundamental se convierte en un conflicto legal donde se cuestiona no solo la magnitud de la compensación, sino la moralidad detrás de exigir tal cantidad en una situación de auxilio.
¿Dónde queda la empatía y el sentido común en esta ecuación? Mientras los bomberos cuentan con el mejor seguro y coberturas laborales en la comunidad (pagados con los impuestos de todos los navarros) que les respaldan en caso de accidentes durante su servicio, la comunidad enfrenta el riesgo de un impacto financiero considerable que podría afectar su calidad de vida, dado que para este tipo de casos las exigencias para estar cubiertas por un seguro son constantes y de difícil aplicación.
Es hora de cuestionar no solo la ley, sino la ética detrás de las demandas que desafían la comprensión y solidaridad básicas en situaciones de emergencia. ¿Realmente queremos vivir en un mundo donde el derecho a la salud, el cual pagamos con nuestros impuestos, se negocia y se cuantifica?
*En representación de la comunidad de copropietarios Caldereria 38-40
