Somos un pueblo de apenas 500 habitantes de la Zona Media de Navarra. Como tantos otros municipios rurales, llevamos años escuchando discursos sobre la lucha contra la despoblación, la necesidad de mantener servicios en los pueblos y la importancia de garantizar la calidad de vida en el medio rural. Sin embargo, cuando llega el momento de los hechos, la realidad vuelve a ser muy distinta.
Nuestra piscina municipal no podrá abrir este verano. No porque exista desinterés por parte del Ayuntamiento o de los propios vecinos y vecinas, ni porque no se hayan buscado soluciones. Todo lo contrario.
Desde hace años se nos exige una serie de reformas para adaptarnos a la normativa foral. Unas obras de elevado coste para un municipio pequeño, con recursos limitados y un presupuesto que nada tiene que ver con el de las grandes localidades. Durante años hemos esperado ayudas que permitieran afrontar esta inversión. Finalmente, este año se nos ha concedido una subvención del Plan de Inversiones Locales, cuya resolución, prevista inicialmente para agosto de 2025, no llegó hasta el 15 de enero de 2026, es decir, cinco meses más tarde de lo previsto.
Aun así, el Ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo para aportar la parte económica restante y garantizar que las obras puedan ejecutarse. Tenemos financiación, tenemos proyecto y tenemos previsto comenzar las obras en septiembre. Sin embargo, no podremos abrir este verano porque seguimos sin cumplir la normativa vigente.
La consecuencia es tan absurda como indignante: una instalación que va a ser reformada en pocos meses, con financiación comprometida y voluntad demostrada por todas las partes, deberá permanecer cerrada mientras cientos de vecinos y vecinas se quedan sin un servicio fundamental para la vida social del pueblo.
Y todo ello porque, en caso de accidente, las responsabilidades económicas y jurídicas recaerían directamente sobre las personas que gestionan la piscina y sobre los representantes municipales. Es decir, la Administración exige unas obras que los pueblos pequeños difícilmente pueden costear sin ayudas, retrasa la llegada de esas ayudas y, mientras tanto, deja toda la responsabilidad sobre quienes dedican su tiempo de forma altruista a gestionar estos servicios.
¿Es esta la manera de apoyar al medio rural? ¿Es así como se combate la despoblación?
Resulta fácil llenar discursos de palabras como cohesión territorial, equilibrio demográfico, refugios climáticos o defensa de los pueblos. Mucho más difícil es adaptar las normas a la realidad de municipios que apenas cuentan con recursos para mantener sus servicios básicos. Porque la despoblación no se combate solo con declaraciones institucionales. También se combate evitando que los pueblos pierdan espacios de convivencia, ocio y encuentro que forman parte de su identidad.
Lo más preocupante es que nuestro caso no es una excepción. Son muchas las piscinas de Navarra que atraviesan problemas similares. Municipios que quieren cumplir, que están haciendo esfuerzos económicos enormes y que, aun así, se encuentran atrapados entre una burocracia inflexible y unos plazos administrativos que no controlan.
Por ello, pedimos una solución excepcional y de sentido común: que se permita la apertura este verano de aquellas piscinas que ya cuentan con proyecto aprobado, financiación garantizada e inicio de obras comprometido para los próximos meses.
Porque si la consecuencia de las políticas públicas es que los pueblos pequeños pierdan servicios mientras esperan ayudas que llegan tarde, quizá el problema no esté en los pueblos, sino en quienes legislan sin comprender su realidad.
* Eva Martínez, Asier Ormazabal, Leticia Valencia, Mikel Lizarraga, Iñaki Muñoz, María Esain y Javier Santoyo.
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Garínoain
