si Euskalerria Irratia tuviera otro nombre y estuviera instalada, pongamos por caso, en la Venezuela de Chaves o en la Bolivia de Morales, su caso sería estudiado por organismos internacionales preocupados por la libertad de información y los derechos de las minorías. Más que una excepción, el acoso que sufre este medio constituye un caso paradigmático del trato que dispensan los dirigentes de la puntera Comunidad Foral a sus ciudadanos euskaldunes, pero sobresale por el especial encono que muestran con él. En los 21 años que esta humilde emisora lleva emitiendo no hay cabronada que no le hayan hecho. Le han denegado la frecuencia en tres ocasiones, le han privado de subvenciones, le han marginado de convocatorias, le han intentado perjudicar por todos los medios y todas las vías. Culpa de UPN, desde luego, y de su triste paranoia antivasquista. Pero culpa también del resto de los partidos "institucionales", por su falta de generosidad y su frialdad de hielo ante un tema que ya hace tiempo que constituye pura y simplemente una flagrante vulneración de los derechos civiles de miles de navarros; no digamos del espíritu y la letra de su intocable Ley del Vascuence. Porque el calvario de Euskalerria Irratia no empieza con UPN. Fue el gobierno del socialista Urralburu el que inició el boicoteo institucional contra la emisora. Román Felones se acordará, porque el actual presidente del PSN era consejero de Educación y Cultura en ese mismo gabinete. Fueron, pues, los socialistas los causantes de los polvos que nos están trayendo los actuales lodos. Ahora va el Ministerio de Industria que dirige el mismo partido y le multa y le amenaza de cierre. Si tuvieran un poco de vergüenza y se creyeran eso de la "Navarra plural" de la que habla Roberto Jiménez utilizarían sus buenos oficios para terminar con una situación simplemente sonrojante.
