algunos de los comentarios, incluso elogiosos, con los que ha recibido la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Egunkaria pasan de puntillas por uno de los aspectos más destacables de la misma: es la primera vez que unos jueces de esta instancia judicial consideran plausibles unas denuncias de malos tratos como las que en su día formularon los acusados ahora absueltos. Sabemos que es un fruto más del hartazgo producida por el horror terrorista, pero debería escandalizarnos el hipócrita consenso que existe en el Estado sobre el tema de la tortura. Todo el mundo sabe que existe, como existen otros "males necesarios". Su necesidad es defendida en voz baja por políticos, policías, periodistas y jueces? los mismos que, indignados, negarán públicamente su existencia ante cualquier alusión al respecto. Un glacial silencio sucede todos los años a los informes anuales de Amnistía Internacional, o al más reciente del relator especial de los Derechos Humanos de la ONU. Otras críticas reciben como respuesta escandalizadas descalificaciones, entre las que no será la menor la de simpatía o vinculación con el fenómeno violento. Precisamente, una de las "pruebas" que demostraban la ligazón entre Martxelo Otamendi y los demás directivos de Egunkaria con ETA era precisamente el hecho de que hubieran delatado el trato recibido durante los interrogatorios de la Guardia Civil. Todo una perversión del sistema de garantías: te acuso sin pruebas, te torturo para que confieses actos que no has cometido y si lo denuncias utilizo esa misma denuncia como prueba en contra tuya. Hay datos suficientes para saber que cualquier acusado de pertenencia o "connivencia" con un grupo armado corre el riesgo de ser torturado desde el mismo momento en que es detenido. Mirar para otro lado, como una buena parte de la sociedad ha decidido, nos convierte en pequeños cómplices de esa barbarie.
