que este fin de semana festivo de carnavales arroje un balance, al menos oficial según los datos de la Policía Municipal de Pamplona-Iruña, de tres chicas de 14 años atendidas semiconscientes y caídas en la vía pública debido a la ingesta de alcohol seguramente no suponga una cifra cuantitativamente importante. Pero sí es otro dato cualitativamente destacable -más que alarmante-, tanto por lo que suponen estos casos de consumo de alcohol de forma compulsiva entre menores en determinadas fechas festivas como por lo que supone de indefensión en personas muy jóvenes. No es un problema nuevo este de la relación entre menores y alcohol, en una sociedad socialmente acostumbrada a la convivencia habitual y normalizada entre el ocio y el consumo de alcohol. Pero sí que sirve para mantener activas las alarmas sobre un problema enquistado y creciente en las nuevas generaciones más jóvenes. Sin ir más lejos, hace menos de un año la Memoria de Actividad de la Fundación Proyecto Hombre situaba al alcohol como la principal sustancia referida por las personas usuarias de la entidad como motivo de la demanda de sus servicios -con una edad de atención cada vez más joven-, seguida de cocaína, anfetaminas y cannabis y un progresivo repunte del consumo de heroína. Pero no se trata de falta de regulación. En Navarra, desde que en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo se multiplicó el número de casos de menores con altos índices de consumo de alcohol, se han venido aprobando normativas específicas que reglamentan la apertura de expedientes o la imposición de sanciones por la venta de alcohol a menores o por la simple intermediación en la misma, normativas que se han ido respaldando con leyes que han tratado, con desigual fortuna, es cierto, de acentuar la prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y la necesidad de reducir el acceso de los jóvenes al alcohol. Y de hecho, la existencia de regulación que prohíbe pero no logra evitar el consumo precoz y excesivo indica que su aplicación no es suficiente. Por ello la constatación del progresivo aumento del consumo de alcohol en la juventud en las últimas décadas y la incidencia del mismo en comportamientos antisociales, atentatorios contra la libertad individual y/o sexual o simplemente incívicos y contra la convivencia exige que la familia, la sociedad y las instituciones exacerben tanto las iniciativas de prevención y control como las medidas de educación, pedagogía, información y ocio alternativo necesarias.