Editorial de diario de noticias

El fraude fiscal, una estafa a la sociedad

Navarra dispondría cada año de unos 200 millones más sólo con rebajar a la mitad la evasión tributaria, el 15% del PIB foral. Urge destinar más medios a la persecución del defraudador y para reforzar la conciencia colectiva

10.02.2020 | 05:55

Navarra dispondría cada año de unos 200 millones más sólo con rebajar a la mitad la evasión tributaria, el 15% del PIB foral. Urge destinar más medios a la persecución del defraudador y para reforzar también la conciencia colectiva

un estudio de la Universidad Pública de Navarra, que este periódico analiza hoy con detalle, acredita que cada contribuyente residente en la Comunidad Foral debe pagar cada año 848 euros de más por lo que dejan de aportar al erario público la ciudadanía y las empresas defraudadoras. Más en concreto, el promedio de economía sumergida en relación al Producto Interior Bruto en el ciclo tributario de 1986 a 2016 alcanza el 15,3%, oscilando entre el 10% de finales de los años 80 y el pico del 17,5% registrado a mediados de la primera década de este siglo, coincidiendo con la expansión económica y en particular con la euforia en el mercado de la construcción. De la socialización del fraude fiscal da buena cuenta el hecho de que se perpetra tanto en el IVA, con una pérdida recaudatoria del 38,23% entre 2008 y 2016, como en el IRPF, en este caso objeto de un latrocinio de en torno al 25% en el mismo período. La resultante es que la renta per cápita de Navarra hubiera sido en 2016 no de 29.714 euros sino de 30.158 y no cabe relativizar la gravedad del fraude fiscal porque únicamente la CAV y Madrid padezcan menos economía sumergida que la Comunidad Foral. Constatada la lesividad para las arcas públicas, sobremanera por su afección al sostenimiento de los servicios que sustentan nuestro estado de bienestar, debe incidirse primeramente en la concienciación ciudadana, con campañas de sensibilización más ambiciosas y con un mayor énfasis en la educación cívico-tributaria, una asignatura pendiente en los centros escolares. Bien entendido que las medidas coercitivas siguen constituyendo el antídoto más eficaz contra los defraudadores estructurales, amparados por redes sofisticadas de evasión que únicamente pueden combatirse con mayores medios. Materiales para empezar, inspectores por supuesto -Navarra cuenta la mitad de profesionales por cada 10.000 habitantes que la media de la OCDE-, pero también policías especializados. Aunque asímismo urge la implementación de herramientas informáticas de mayor alcance para una mejor supervisión del espacio digital y singularmente de los pagos electrónicos y de los softwares que permiten contabilidades paralelas. Todo ello sin menoscabo de iniciativas incisivas como el endurecimiento de las penas -justo en la dirección contraria de las recurrentes amnistías fiscales- y la ampliación de las listas de morosos, con reflejo de la identidad individual en el caso de las personas jurídicas.