Editorial

Europa frente a sí misma

28.05.2020 | 00:23
La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

El plan de recuperación de Von der Leyen incluye mecanismos suficientes ante los efectos socioeconómicos de la pandemia, pero todavía ahora, dos meses después, debe conseguir el respaldo de algunos estados

La Comisión Europea parece haber hecho los deberes. El plan de recuperación económica que su presidenta, Ursula von der Leyen, presentó ayer ante el pleno del Parlamento Europeo (500.000 millones en subsidios y 250.000 en préstamos en 2 años) reúne herramientas y mecanismos suficientes para hacer frente a los estragos socioeconómicos causados por la pandemia en la Unión Europea. Lo hace, eso sí, como siempre, ejerciendo de embrague de las diferentes velocidades de sus estados miembro, es decir, a mitad de camino de las exigencias de unos –Italia, España, Portugal...– y las resistencias de otros –Austria, Holanda, Dinamarca, Suecia...– a través del consenso del eje Francia-Alemania, hoy Macron-Merkel. La diferencia radica en que esta vez la Comisión plantea al Consejo, es decir, a la Unión Europea, su propia realidad. Más allá del medio billón que se pretende captar en los mercados con la garantía de la Unión Europea, y de los tres planos en que se desarrolla la propuesta, la RRF (Recovery and Resilience Facility) que supondrá la mayor parte y se repartirá en función de la incidencia de la pandemia; el impulso al sector privado, fijado en ámbitos acordes con las prioridades estratégicas –digitalización, economía verde...– de la UE; y un tercero centrado en el desarrollo del sector sanitario y de investigación científica; lo que dirime la Unión, lo que dirimirá el Consejo, es el mismo problema de confianza que históricamente lastra la cohesión europea. Porque hoy, dos meses después, el plan de reconstrucción de la UE todavía necesita, además del apoyo del Parlamento, el del Consejo. Y los problemas para conseguir un respaldo unánime de los 27 estados hallan fundamento en gran medida en el anterior incumplimiento sistemático de sus compromisos por los países que ahora resultarán más beneficiados por el plan (el Estado español, que podría recibir hasta 140.446 millones, desde 2012 solamente ha cumplido en una ocasión los objetivos del déficit y no es una excepción). De ahí la exigencia de acompasar las transferencias directas con préstamos, de cierta condicionalidad a las premisas impuestas por Bruselas y de relacionarlo todo con el MFF, el presupuesto multianual 2021-2027. La propuesta de Von der Leyen puede ser tildada de escasa por unos y de ambiciosa por otros, pero sitúa a Europa frente a sí misma. Ahí radica precisamente su principal virtud.