a pandemia de covid-19 está arrojando datos preocupantes en los últimos días en Navarra. Aunque las muertes vinculadas al coronavirus se han reducido de manera drástica hasta el punto de que la Comunidad Foral no ha registrado fallecimientos en las dos últimas semanas, lo cierto es que la presión hospitalaria cada vez es mayor, por lo que se deben incrementar la prudencia y las medidas de prevención.

Navarra acumula ya diez jornadas consecutivas con más de 300 contagios diarios y la tasa de positividad se ha disparado hasta el 16,3%, mientras que los positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúan en 892.

La primera consecuencia de todo la vemos en el número de hospitalizados, que en solo siete días casi se ha duplicado al haber pasado de 33 personas ingresadas a 61. Un dato que llega en la víspera de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra resuelva si avala -como es previsible- la petición del Gobierno foral de imponer desde esta medianoche nuevas restricciones. Entre ellas está recuperar el toque de queda de una a seis de la mañana en los municipios donde la incidencia del virus es más elevada, así como limitar las reuniones en exteriores a diez personas y suspender el permiso para comidas populares, kalejiras y vaquillas.

Todo ello en pleno verano, con la complicación añadida de detener la pandemia cuando se da la mayor movilidad e interacción social del año. Y justo cuando el relajamiento en el uso de la mascarilla que entró en vigor el 26 de junio no contribuye precisamente a frenar la expansión del virus. El decreto que eliminó la obligatoriedad del utilizar el cubrebocas en exteriores debe ratificarse este miércoles -25 días después de su entrada en vigor- por el Congreso de los Diputados. Parece que Pedro Sánchez cuenta con los apoyos suficientes para convalidarlo. No obstante, cada vez son más las voces que le piden reconsiderar o al menos readaptar algunas de sus decisiones, como podría ser recuperar la obligación de las mascarillas. Son los casos del lehendakari, Iñigo Urkullu, y de presidentes de otras comunidades como Cantabria, Catalunya, Baleares y Castilla y León. El Ejecutivo español no parece, sin embargo, darse por aludido, pese a que la situación epidemiológica en el conjunto del Estado ha empeorado considerablemente desde la aprobación del decreto.