Editorial

Justicia en el empleo público

22.07.2021 | 00:43
Justicia en el empleo público

El Ejecutivo logra salvar en el Congreso por un solo voto la regularización de los trabajadores públicos interinos, que permitirá acceder al puesto a quienes lleven 10 años en el puesto si su plaza no se cubre en oposición

el Congreso convalidó ayer el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público por un solo voto y con más suspense del que merece una medida de este calado y gracias al acuerdo de última hora entre el Gobierno y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales. El voto afirmativo de los republicanos, sumado al apoyo de Podemos, Compromís y Teruel Existe, y a las abstenciones acordadas con el PNV y Más País, permitieron que el decreto ley recibiera más votos a favor (170) que en contra (169) y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez salvara una votación trascendental para la estabilidad de la legislatura, tras negarse varios de sus socios a apoyar explícitamente una normativa que el Gobierno tuvo que preparar con urgencia tras la decisión del Supremo de rectificar su doctrina a consecuencia de los sucesivos varapalos judiciales de los tribunales europeos. El acuerdo contempla más facilidades a los interinos como exámenes no eliminatorios y el acceso sin oposición para los que lleven más de 10 años en el puesto si su plaza no se cubre en oposición. Los cambios se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, un proceso que debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados. Entonces se verá si Sánchez modifica su peligrosa estrategia de alianzas puntuales y logra ampliar en el Congreso su escasa mayoría para sacar adelante una normativa que sus socios veían ayer durante el debate parlamentario como insuficiente, que no satisface a muchos sindicatos (el texto ha sido pactado sólo con UGT, CCOO y CSIF) y que –según los expertos– no valora adecuadamente la experiencia y el conocimiento de los 300.000 interinos que llevan años ejerciendo tareas de funcionarios fijos, sobre todo en administraciones autonómicas y locales. Algunos sindicatos ya han anunciado movilizaciones ante la posibilidad de introducir modificaciones en el debate legislativo. Y, por supuesto, para poner fin a una situación abusiva que afecta a unos 70.000 trabajadores en Navarra y la CAV, que durante años han soportado gran parte de la carga de los servicios públicos en medio de una situación de precariedad que raya lo indigno y que es lo más parecida a un fraude realizado por la las administraciones que deberían de velar por sus derechos.

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