a recurrente insultante cantinela sobre los presuntos privilegios de Navarra o la CAV en su relación con el Estado se reverdece en los últimos días a raíz de la reunión de la Comisión bilateral mantenida por los gobiernos de Catalunya y el Estado. La primera manipulación de los hechos viene del uso del autogobierno foral como herramienta permanente de debate del centralismo de Madrid entre partidos y ahora también como arma arrojadiza contra la vía de diálogo abierta con Catalunya. En ningún caso un encuentro bilateral entre gobiernos autonómicos y del Estado es una claudicación de poder en un modelo descentralizado como el que se consagra en el Estado de las Autonomías. Lo que denota semejante estrategia de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez por parte de los partidos de la derecha española es una falta de convicción en el modelo que establece la Constitución de 1978. Y el silencio de UPN ante los persistentes ataques de sus socios de PP y Ciudadanos contra el régimen foral de Navarra es estremecedor. El corpus legislativo del Estado recoge, a través de sus normas y de las leyes orgánicas que son los estatutos de autonomía, la formulación de las relaciones entre los distintos sujetos jurídico-administrativos en los que se ordena. En el caso de Navarra y la CAV, la naturaleza histórica de su estructura foral propia adquiere ese mismo rango superior. En este sentido, no se trata de cuestionar el derecho que otras comunidades tengan, si es su voluntad, de reformar el marco legal para adoptar fórmulas similares, pero sí debe quedar claro que su aplicación vigente en Navarra se sustenta del marco legal, no de la negociación política coyuntural. Calificar de privilegio la asunción de competencias o la aplicación del modelo bilateral es faltar a la verdad conscientemente. Más aún cuando más de una veintena de transferencias pactadas desde 1982 en el Amejoramiento no han llegado a Navarra por la falta de voluntad de Estado. Este hecho queda más en envidencia al constatar que quienes demandan "los mismos privilegios" o "la misma bilateralidad" no están dispuestos a la corresponsabilidad fiscal y financiera de sus comunidades. Algunas, como Andalucía, podrían, porque lo ampara su Estatuto, pero su gobierno del PP no está interesado en un mayor techo competencial ni en ser corresponsable de su sostenibilidad financiera como Navarra porque es receptor neto de fondos comunes. Es un mero juego de intereses económicos y financieros y partidistas.