a propuesta aprobada por la mayoría de grupos parlamentarios exceptuando Navarra Suma para mejorar el modelo de financiación de las haciendas localestres consigue tres claros avances. Por un lado, mejora la cuantía que reciben ayuntamientos y concejos para afrontar sus gastos corrientes (272 millones, 16,4 millones más). Asimismo, actualiza de forma más justa variables como el crecimiento de su población y de su suelo urbano lo que beneficia principalmente a municipios de la Comarca de Pamplona (percibirán un 14% más) que en los últimos años perdían dinero para poder prestar los servicios necesario a una población in crecendo como es el caso de Aranguren o Valle de Egüés, lo que de rebote penaliza a Pamplona (pierde 1,7 millones, un 2%, y percibirá en total 86,35 millones). El 84% mejorará su financiación, 43 la mantendrán y solo uno, Pamplona, empeorará. La capital, que viene disfrutando de los privilegios de una Carta de Capitalidad fuera del sistema común (26 millones), ha perdido su centralidad única en un reinado ahora compartido por el área metropolitana y un modelo "más global" que contempla la aportación de "todos los municipios al desarrollo territorial de Navarra". Un sistema que también asume otras variables cualitativas como la población en riesgo de pobreza o de envejecimiento, el esfuerzo recaudador o la dispersión. Además, tiene en cuenta ahora el esfuerzo que supone para los municipios el peso de algunos servicios (se contempla un nuevo fondo de 44,5 millones que tendrá en cuenta servicios como el 0-3 años, colegios o bibliotecas). Se crea también un Fondo de Cohesión Territorial con 16,2 millones para fortalecer el papel que juegan muchos municipios como tractores de desarrollo en su zona (Estella, Tafalla, Tudela, Altsasu, Elizondo, Sangüesa, Peralta, Viana, Corella, Santesteban...), motor clave en la vertebración del territorio y para frenar la despoblación. Un sistema que tendrá a su vez un mayor impacto en los ayuntamientos pequeños. Sin olvidar que Pamplona recibe ahora 432 euros por persona, 289 los municipios de 20.001 a 50.000, y de 2.0001 a 5.000 325 euros por habitante. El principio de acuerdo del Ejecutivo, pendiente del refrendo de la FNMC y de concretar la redacción de los textos normativos, se enfrenta a otro reto por delante, penalizar a aquellos ayuntamientos que no actualizan sus valores catastrales y hacen un mayor esfuerzo vía contribución. Una vía ya abierta en 2019 pero sin atar ya que muchos expedientes se iniciaban pero no culminaban.