Editorial

Reformas y rupturas

04.02.2022 | 00:45
Reformas y rupturas

La aprobación del decreto de reforma laboral en el Congreso no cierra por completo la estabilidad del marco laboral pero abre heridas y crea precedentes de desconfianza que no conviene minimizar

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha sacado adelante la reforma laboral negociada en el marco del diálogo social español. Un marco cuya virtud de consenso entre la patronal y los sindicatos mayoritarios del Estado no compensa el ninguneo de un marco tan específico en lo laboral y en lo productivo como son los de Navarra o la CAV. Los contenidos acordados contienen mejoras objetivas en algunos aspectos y riesgos evidentes en otros. Hay en lo pactado una estrategia que pretende la mayor estabilidad del mercado laboral, pero cuya eficiencia está aún por acreditar y superar el riesgo de sustituir un exceso de temporalidad por otro de parcialidad, con empleos indefinidos que reproducirían el modelo del mini-job testado en otros mercados y que no ha logrado evitar la precariedad económica entre los jóvenes o las mujeres. Junto a las dudas que aún debe despejar el nuevo marco, y aunque se deba reconocer que rescata la ultractividad o incorpora fórmulas útiles en materia de formación laboral, hay un coste político evidente en el proceso. Una quiebra de confianza en varios planos que es preciso restaurar en todos ellos. En primer lugar, de nada ha servido anticipar las demandas de reconocimiento del marco laboral autonómico propio y de las competencias inherentes a las políticas de empleo. Esta reforma ningunea el primero e invade las segundas. El tándem Sánchez-Díaz ha sido consciente en todo momento de este error y del desencuentro que produciría en quien han sido considerados socios desde la investidura, y en especial el PNV como referente. Hay buenas palabras, pero esa relación precisa de ser regada con hechos y, en esta reforma laboral, no ha sido así. Más aún cuando en el caso del PNV no ha sido la principal postura cuestionar el alcance de las medidas ni pretender la escenificación más ideológica que práctica de una derogación completa de la norma anterior, como sí ha ocurrido en otras fuerzas de la mayoría de investidura como EH Bildu y ERC. Y es difícil de entender que se haya hurtado al debate político para imponer un acuerdo realizado a las espaldas de la capacidad legislativa del Congreso. Porque junto a las secuelas que pueda dejar esa unilateralidad del Gobierno Sánchez hacia sus socios, está la imposición de la patronal española CEOE, y su apuesta ideológica, de no admitir someter su legítima representatividad en el diálogo social a la mucho más intensa, acreditada por el sufragio democrático ,y de legitimidad superior de un Parlamento.

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