EL PP repite, por cortesía de Núñez- Feijóo hacia Díaz Ayuso, otra instrumentalización de un debate que debería plantearse, en todo caso, en términos de búsqueda de consensos. La aprobación en Madrid de la autodenominada Ley del Concebido no Nacido llega envuelta en una ideología más confesional que jurídica, y conlleva el riesgo de suplantar a las verdaderas políticas de apoyo a la familia. La norma, bajo un envoltorio grandilocuente, choca con la realidad del ordenamiento: no contiene ningún reconocimiento real ni añade un solo valor o derecho jurídico a la figura del nascituro. El Código Civil y la jurisprudencia constitucional estatal reservan la adquisición de la personalidad jurídica al momento del nacimiento con vida. Una comunidad autónoma carece de competencias para alterar este principio. Por tanto, otorgar al embrión o feto en gestación la categoría administrativa de “miembro de la unidad familiar” es una mera tramoya administrativa vacía de sustento jurídico estructural.
Lo paradójico es que este dogmatismo oculta medidas prácticas que, de haberse presentado como lo que son –ayudas a la mujer gestante–, podrían haberse debatido y consensuado sin estridencias. Adelantar al periodo de embarazo el acceso a becas de comedor y educación infantil, facilitar el abono transporte y las ayudas al alquiler, o aplicar deducciones en el IRPF y beneficios de familia numerosa desde la semana 14 de gestación, son apoyos económicos y fiscales que se pueden valorar. Pero el PP ha preferido instrumentalizar el propio embarazo. Al usar estas medidas de asistencia como ariete ideológico –la consagración del derecho a la vida desde la concepción–, se pervierte el propósito de la política social. Se utiliza la necesidad de apoyo de las familias gestantes como ariete para una batalla cultural antiabortista. El resultado es una arquitectura institucional efímera. Sin anclaje constitucional en su formulación simbólica y fruto de la imposición de una mayoría coyuntural, no tiene más vigencia que la del gobierno que la impulsa. El fomento de la natalidad y la protección familiar son desafíos sociodemográficos de primer orden. Requieren la construcción de consensos amplios, así como de políticas públicas estables. Abordarlos desde enfoques privativos, sometidos al vaivén político, es ineficaz.
