Algún día, esperemos que pronto, podremos decir que hemos vencido a la pandemia del coronavirus y ese día terminarán los aplausos de las 8 de la tarde como reconocimiento a los ciudadanos (en su inmensa mayoría funcionarios públicos) que más han aportado para su derrota. También algún día habrá que comenzar a reactivar la economía e intentar recuperar la normalidad en los empleos, el consumo, la inversión, etc. Y habrá que hacer balance de cuál ha sido el coste de la enfermedad: un coste en vidas humanas irremediable e impagable y otro coste económico que sí habrá que pagar.
Mucho se está hablando de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno para intentar paliar las pérdidas de empleo y las de las empresas y emprendedores; se podrá estar de acuerdo o no, creer que son escasas o excesivas, que llegan tarde o demasiado pronto, que solucionan los problemas o que dejan a muchos colectivos desprotegidos. Lo cierto es que van a tener un coste económico muy importante y lo veremos en los próximos presupuestos.
La primera opción es la más sencilla: que el Banco Central Europeo emita dinero y lo ponga a disposición de los gobiernos afectados para que éstos atiendan a los gastos ocasionados. Ya sabemos que esto no se va a producir por la oposición de los países del norte de Europa que siguen viéndonos como malos gestores y despilfarradores y, como gran favor, nos dejarán superar el límite de déficit para que podamos emitir más deuda que iremos pagando en los próximos años (por supuesto que a ellos y sus grandes bancos que serán quienes compren esa deuda emitida a los tipos de interés que ellos mismos fijarán).
El pago de los intereses de esa deuda (más la que ya tenemos de la anterior crisis, emitida en parte para salvar a esos mismos bancos) hará que los próximos presupuestos de las administraciones públicas necesiten de mayores partidas de gasto en intereses que obligará a reducir los gastos e inversiones en otras partidas como educación, infraestructuras, servicios sociales o sanidad; es decir, volveremos a los recortes. Lamentablemente los gobiernos tienen tendencia a recortar gastos de la manera más sencilla, es decir, suprimiendo inversiones y reduciendo el capítulo 1 (gastos de personal). Esto nos llevará en poco tiempo a reducir inversiones en sanidad (o privatizar) y, probablemente a recortar los salarios de los funcionarios públicos: sí, esos mismos a los que estamos aplaudiendo todos los días a las 8.
¿Estamos condenados a repetir los errores de la anterior crisis? ¿Hay alternativa? Evidentemente la hay y pasa por no emitir nueva deuda o, si se hace, con un calendario de amortización en dos años.
No parece muy justo que dejemos a las próximas generaciones el pago de las facturas que esta pandemia nos ocasione. Como los milagros no existen y hay que cuadrar los presupuestos, si aumentamos los gastos debemos aumentar los ingresos. Esto se puede hacer de varias maneras. Una evidente y ya clásica, es subir los tipos impositivos del IRPF pero tendría la consecuencia inmediata de la reducción del consumo cuando precisamente se necesita lo contrario; subir los tipos del impuesto de sociedades no aportaría más recaudación ya que, además, ésta tenderá a reducirse porque muchas empresas declararán bases negativas que intentarán compensar en los próximos años. Incrementar los tipos impositivos del IVA tiene dos inconvenientes: va contra el consumo y, como es un impuesto indirecto, penaliza a las rentas bajas. Pero queda otra opción: el impuesto sobre el patrimonio.
Por centrarnos en Navarra, la recaudación por impuesto sobre el patrimonio en 2017 fue de unos 38 millones de euros, según los datos publicados por nuestra hacienda. Estos datos desglosados por tramos de base imponible nos dicen que, en promedio, se recaudó algo menos del 0,3 por ciento de dichas bases, ya que como en todo impuesto hay que aplicar múltiples reducciones, límites y deducciones. Si hacemos el ejercicio de aplicar los tipos impositivos en vigor actualmente (cuyo máximo es el 2 por ciento para bases superiores a 10 millones de euros) a los tramos del impuesto en 2017 se podrían recaudar 175 millones; si, de manera excepcional y por un ejercicio fiscal, se incrementaran los tipos impositivos en uno o dos puntos podríamos mantener el nivel de gasto e inversión sin tener que emitir deuda nueva. Pensemos que estamos hablando de subir los tipos máximos al 3 ó 4 por ciento (eso sí, pagando esos tipos de manera efectiva) en un impuesto que pagaron en 2017 poco más de 8.500 contribuyentes en Navarra.
Por último, nada de esto sería necesario si consiguiéramos reducir el fraude fiscal a la mitad del que se da en la actualidad y ningún ciudadano que paga sus impuestos tendría hacer un mayor esfuerzo para salir de esta situación excepcional.
Por eso, cuando cesen los aplausos no nos olvidemos que han sido los funcionarios públicos quienes más han aportado para sacarnos a todos de este lío. No hagamos que, además, paguen la factura económica.
