la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre el euskera, que desnaturaliza la Ley del Vascuence de 1986 al asimilar la zona mixta a la no vascófona, apremia por su radicalidad restrictiva a un amplio acuerdo social y político que aleje a la lingua navarrorum del debate partidista y la confrontación bajo las premisas de voluntariedad e igualdad de oportunidades, como reza el programa del vigente Gobierno foral. Primero porque resulta delirante que el euskera no cuente como mérito para acceder al funcionariado, concibiéndolo como una ventaja intolerable en la tierra donde nació, mientras sí computan los idiomas foráneos. Y, en segunda instancia, porque el fallo del TSJN también denigra el euskera al invisibilizarlo mediante su supresión de las comunicaciones de los servicios centrales de la Administración, así como de la cartelería y la rotulación, sólo exigible ahora por la ciudadanía de la zona vascófona cuando la ampliación de la zona mixta ha sido recurrente ante la demanda social avalada por el Defensor del Pueblo. Como ha sugerido la presidenta Chivite, convendría dotar al euskera de seguridad normativa con la actualización consensuada de la ley bajo el principio básico de no impedir, no imponer. Si no, otras contrarreformas judiciales llegarán. Al tiempo.
