El senador navarro Koldo Martínez (Geroa Bai) llevó el martes al Senado el trabajo de las instituciones forales por avanzar en la denuncia de los casos de tortura y malos tratos. Puso en valor la labor del Parlamento de Navarra y de la dirección de Paz y Convivencia antes con Barkos y ahora con Chivite en la investigación de hechos que, al amparo en muchos casos de la impunidad política, vulneran siempre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Unos hechos reales cuya investigación y denuncia sigue encontrando todo tipo de trabas políticas, partidistas y judiciales. Como si no investigar, si no denunciar, si no querer saber la verdad hiciera que tal verdad no haya existido. Mirar hacia otro lado, intentar impedir el conocimiento de esa parte de la historia es un error que devalúa los cimientos democráticos del Estado y un ejercicio tan inútil como hipócrita. Eran tan conscientes de su existencia tanto en la dictadura franquista como después como el resto de la sociedad. La pregunta de Martínez iba dirigida al ministro Grande-Marlaska cuyo paso por la Audiencia Nacional se saldó con sucesivas desautorizaciones de los tribunales europeos por su negativa sistemática a investigar las denuncias de torturas de los detenidos. Navarra ha avanzado honestamente en el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias que ha sufrido este país en las últimas décadas. Desde las víctimas del genocidio franquista a las del terrorismo de ETA, de la guerra sucia del Estado y del terrorismo de derechas en la transición y en la democracia a las de tortura y malos tratos en comisarías y cuartelillos. Tanto sobre sindicalistas y políticos como personas presuntamente vinculadas a ETA, detenidos por delitos comunes o inmigrantes. Un paso imprescindible para poner fin a dos de las imposturas que lastran el reconocimiento del sufrimiento: el olvido programado por la división de víctimas de primera y de segunda y la utilización instrumental de unas u otras víctimas para fines políticos partidistas. Reconocer que torturar también estuvo mal es una medida básica de higiene democrática que no busca extender la sospecha generalizada, sino el contrario: eliminar espacios de impunidad.