os asesinatos del grupo terrorista GAL han vuelto a la primera plana de la actualidad política de la mano esta vez de un documento desclasificado de la CIA en el que se responsabiliza a Felipe González y a su Gobierno de su creación e impulso. Que los GAL fueron un elemento más de los diversos grupos que bajo el paraguas de los aparatos del Estado, policiales y militares, protagonizaron la guerra sucia y el terrorismo de Estado en los años 70 y 80 era una realidad ya sabida. Ahora simplemente, se le añade el valor de la confirmación también de la identidad del Señor X como responsable último de las acciones de los GAL, que asesinaron a 29 personas. Y de eso se trata ahora, de afrontar y exigir responsabilidades a los responsables políticos de aquella grotesca vulneración sistemática de los principios democráticos de la legalidad y de los valores constitucionales con funcionarios y recursos públicos. La respuesta ha sido la contraria: silencio generalizado en los grandes medios y blindaje institucional al expresidente González. Mantener el manto de la impunidad sobres esos hechos y sus principales responsables no sirve. Un error más que sumar a los ya muchos errores antidemocráticos que acumula el Estado en sus diferentes estrategias de lucha antiterrorista. González tiene la obligación personal y política de comparecer ante el Congreso, aclarar sus responsabilidades y asumir sus consecuencias. Me sorprende el aura que aún tiene un tipo como González, cuya herencia política para el PSOE y para el Estado ha sido un legado de corrupciones, mentiras y asesinatos y que ahora sermonea a sus compañeros y al presidente Sánchez -al que lleva intentando aniquilar políticamente hace años- desde los púlpitos mediáticos mientras se enriquece en oscuras tramas que entremezclan negocios, política y periodismo. El terrorismo de ETA asesinaba a diario en aquellos años del plomo. Pero no fue el único terrorismo activo que acumuló asesinatos y violaciones de derechos humanos. El terrorismo derechista, la guerra sucia del Estado o las actuaciones parapoliciales también. Las víctimas de los GAL tienen igualmente derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Y sus familiares a que la responsabilidad política del Gobierno se traduzca en solicitud pública de perdón y admita que fueron hechos inadmisibles en una democracia. El Gobierno británico ya lo hizo cuando diversos informes demostraron actuaciones al margen de la legalidad democrática en la lucha contra el IRA. En efecto, los GAL, que llevaron al exgeneral Galindo, al exministro Barrionuevo y el ex secretario de Estado Vera a la cárcel -aunque al poco tiempo fueron indultados pese al alcance de sus crímenes-, fueron un error y un horror del que aún se derivan responsabilidades. La justificación -las palabras de la ministra Margarita Robles son inaceptables- o la reivindicación fanfarrona y macarra de aquella impostura no contienen dignidad alguna. Ni grandeza. Sólo la desfachatez propia de quien justifica las tropelías de la guerra sucia (asesinatos, torturas y violaciones de derechos humanos), tras el cobarde argumento de la obligación de Estado para eludir su responsabilidad.-miles aún desaparecidas- o impiden investigar sus crímenes. La misma actitud de quienes se niegan sistemáticamente a reconocer a las víctimas del genocidio franquista