sta semana se ha hecho público un manifiesto que reclama culminar el proceso de acercamiento de los presos de Navarra y de la CAV -que ya ha puesto en marcha el Gobierno de PSOE y Podemos-, a cárceles ubicadas en ambos territorios. Un paso necesario y definitivo para poner fin a las viejas políticas de excepcionalidad penitenciaria y cumplir la ley que garantiza también a los presos el ejercicio de sus derechos independientemente del alcance de los delitos o crímenes que les han llevado a la cárcel. Más de 250 personas -académicos, periodistas, actores, eurodiputados y parlamentarios-, lo han suscrito ya. Entre ellos, nombres como Montxo Armendáriz, Abel Azcona, Federico Mayor Zaragoza, Puy Oria, Iñaki Gabilondo, Eduardo Marina, Edurne Portela, Maixabel Lasa -los tres víctimas de ETA-, o José Luis Rebordinos. Más de tres décadas después de dispersión penitenciaria, sigue siendo necesario denunciar la vulneración de derechos, tanto de los propios presos como de sus familiares, que supone esta estrategia que se amparó en la excepcionalidad legal bajo el paraguas de la lucha contra ETA. Pero ETA ya no existe. Afortunadamente abandonó el terrorismo hace ya 11 años. El alejamiento, la continuidad en prisión pese a sufrir enfermedades incurables o la cadena perpetua encubierta y el denominado derecho penal de autor ni siquiera se adecuan al espíritu de la Constitución en el ámbito de la reinserción. Este país vive un nuevo tiempo que exige poner fin a esas medidas excepcionales situadas al margen de los valores democráticos y del espíritu constitucional. Ya no hay una situación de violencia y excepcionalidad que las pueda maquillar como justificables. Asesinar, secuestrar, extorsionar y perseguir al diferente estuvo mal, fue injusto y, sobre todo, fue inhumano. Pero la dispersión también es injusta y también ha causado daño injusto. La inmensa mayoría de la sociedad de este país tiene un relato compartido sobre esos 50 años de violencias, tanto en lo que afecta al terrorismo de ETA como en lo que implica a la guerra sucia, el terrorismo de Estado, parapolicial y de grupos de derecha o a la tortura. Solo quienes tratan de construir relatos particulares que cercenan la realidad objetiva de esos hechos desde sus propios intereses políticos y partidistas siguen navegando a la deriva parapetados tras sus respectivas historias oficiales interesadas. Poco antes de hacerse público este manifiesto en favor del acercamiento de los presos, el Parlamento de Navarra aprobó una declaración también a favor de ese acercamiento a sus lugares de arraigo. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E -30 de los 50 escaños de la Cámara foral-, respaldaron una moción que cuenta igualmente con un amplio apoyo social y sindical, avalada por UGT, CCOO, ELA y LAB, además del Foro Social. Un debate a favor de la convivencia democrática que Navarra Suma volvió a utilizar como arma arrojadiza contra los gobiernos de Sánchez y Chivite. Quizá esta Navarra Suma olvida que la Hemeroteca de la política foral acoge un buen puñado de pronunciamientos de dirigentes de aquella UPN, el ex presidente Miguel Sanz incluido, defendiendo el final de la dispersión si ETA abandonaba la violencia. Si ETA llegó muy tarde a su final, ahora Navarra Suma también llega tarde a este nuevo tiempo. No sólo en este asunto. Su discurso diario muestra que llega tarde en todo.