Mesa de Redacción

Con Mikelarena y el derecho a la verdad

18.02.2021 | 23:45
Mesa de Redacción por Joseba Santamaria

un nieto de Jaime del Burgo Torres, hijo a su vez del histórico dirigente de la derecha navarrera en partidos diversos, Jaime Ignacio del Burgo, ha presentado una querella criminal contra el historiador navarro Fernando Mikelarena por vincular a su abuelo con la saca de Tafalla y Monreal del 21 de octubre de 1936 en el fueron asesinados 64 navarros, muchos de los cuales aún permanecen desaparecidos. Un episodio más de la estrategia de genocidio y terror planificado que impusieron en Navarra entre 1936 y 1939 los golpistas franquistas, falangistas y requetés carlistas con la colaboración de la mayor parte del poder católico. Conozco desde hace tiempo a Fernando Mikelarena. De hecho, publica habitualmente en DIARIO DE NOTICIAS artículos sobre sus investigaciones históricas y otros en colaboración con otros autores sobre la memoria histórica relacionada con aquella matanza, la posterior dictadura y las consecuencias que de ambas aún pesan en la sociedad, la política y la economía de Navarra. La querella del nieto de aquel requeté y golpista que fue Jaime del Burgo se basa en su libro La [des]memoria de los vencedores, Jaime Del Burgo, Rafael García Serrano y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz (Pamiela-2019) y en el artículo publicado en DIARIO DE NOTICIAS, el pasado día 17-10-2020, titulado Saca de Tafalla-Monreal, 21-10-1936. Mikelarena es un investigador riguroso, honesto y exhaustivo. Por supuesto, la familia Del Burgo puede tener en la consideración que quiera a su poco ilustre antepasado, pero ese sentimiento personal no anula la realidad de los hechos históricos que protagonizó ni tampoco los hechos revelados sobre sus ideas y comportamientos por una amplia y diversa historiografía. Tampoco con la memoria que anidaba en buena parte de quienes compartieron su vida y hazañas, estas últimas en la retaguardia más que en las trincheras. Gracias a esa memoria, la impunidad que siguió al genocidio de 1936 en Navarra, con más de 3.300 personas asesinadas, sigue viva y los responsables políticos, militares, ejecutores, inductores e ideólogos son conocidos. Y pese a toda esa memoria acumulada en silencio y sufrimiento durante décadas que poco a poco se ha hecho pública, todavía hay agentes políticos y personajes de la vieja Navarra oficial, la que se benefició del escarmiento y del expolio de aquel genocidio, que siguen negándose a asumir la verdad de los hechos y a reconocer a las víctimas. No es nuevo. Hay una sucesión insistente de querellas y demandas judiciales para entorpecer la investigación y el cumplimiento de las leyes sobre memoria histórica. Un importante grupo de historiadores navarros ha salido en defensa de Mikelarena y del derecho de la sociedad navarra a conocer cómo se gestó la violencia de los sublevados en 1936 y quiénes fueron sus responsables. Un mínimo democrático imprescindible. Incluso 80 años después.