sta noche a las 00.00 horas acaba más de un año después la excepcionalidad del estado de alarma. De partida, es una buena noticia. Supone, en principio, que la expansión de la pandemia del coronavirus está sanitariamente controlada y que se normaliza la restricción de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero lo que debiera ser un paso de gigante hacia la recuperación de la normalidad social y sanitaria ha derivado de nuevo en un escenario de confusión, incertidumbre e inseguridad. Un guirigay político y jurídico cuyo resultado es aún hoy incierto. Navarra ha optado por mantener medidas como el toque de queda nocturno y anular otras como el cierre perimetral de sus mugas, ampliar las reuniones privadas convivenciales a dos unidades familiares -pese a que las reuniones en domicilios han sido el principal foco de contagio- y apunta a una desescalada progresiva en el ámbito de la hostelería a partir del día 17. Todo ello, en especial la continuidad del toque de queda, está en el aire pendiente de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la próxima semana. Según los juristas, parece difícil que Navarra pueda mantener ese toque de queda -quizá la medida más efectiva- sin el estado de alarma. Tiene lógica: si se decretó el estado de alarma para restringir derechos y libertades, resultaría jurídicamente contradictorio que esos mismos recortes se pudieran mantener sin esa cobertura jurídica. En otras comunidades los tribunales superiores ya lo están haciendo y además de forma contradictoria. En Baleares o Valencia han dado la razón al mantenimiento de limitaciones de derechos y libertades como el toque de queda, pero en la CAV lo ha hecho en sentido contrario, argumentando que sin estado de alarma no se pueden limitar derechos con decretos autonómicos. Luego están las comunidades que, como Andalucía, se han apuntado al jolgorio de una desescalada de las medidas contra el coronavirus rápida y casi total al rebufo del éxito electoral del más cervezas de Ayuso. El presidente andaluz Moreno Bonilla ha pasado en apenas tres semanas de criticar con dureza el fin del estado de alarma que anunció Sánchez ante la situación de la pandemia a apuntarse con fervor a todo lo contrario. El caos judicial y político se extiende y la estupefacción ciudadana le acompaña. Y todo ello bajo las evidentes dudas que este paso en la desescalada genera en los responsables sanitarios. La consejera Induráin dedicó su comparecencia del pasado miércoles a insistir en que los datos siguen situando a Navarra en una situación pandémica de riesgo muy alto. Chivite incluso habla de riesgo extremo. Contradictorio todo. La reducción de contagios, positividad y presión hospitalaria está costando más en esta ola pese a la buena marcha del proceso de vacunación comunitaria de la sociedad navarra. Parece que este fin del estado de alarma tiene más de decisión política del Gobierno de Madrid que de convencimiento sanitario de los responsables de Osasunbidea en Navarra. De momento, los navarros y navarras podemos viajar desde mañana a la CAV y otras comunidades limítrofes y Navarra podrá recibir también a visitantes de los territorios vecinos. Pero ni esta medianoche se lanza un txupinazo a un ansiado todo vale, ni los botellones son legales ni el toque de queda nocturno desaparece todavía. El coronavirus sigue aquí, exigiendo las mismas medidas de precaución y sumando cifras humanas a la lista oficial de contagiados y fallecidos. No mirar para otro lado.