uede que me equivoque pero, más allá de los vaivenes internos en el Gobierno central, creo que la reforma laboral que impuso el PP en 2012 tiene los días contados. Tampoco sé que vendrá después, aunque mejorar aquel desastre no parece difícil en un tiempo y un contexto ya diferente. La derogación de la reforma laboral del PP estaba incluida en el pacto programático entre PSOE y Podemos y cuenta con el apoyo de los partidos que sostienen en el Congreso su mayoría. Abrir una nueva brecha en la coalición y con sus socios parece un error. Tras meses de negociaciones, la excusa no puede ser ahora la exigencia de que esa reforma deba contar necesariamente con el aval de la patronal CEOE. De hecho, Rajoy impuso en plena crisis los recortes laborales al margen de los sindicatos, sin diálogo social alguno, para arrasar buena parte de los derechos laborales y sociales. Es positivo y deseable que la CEOE sume aportaciones al acuerdo, pero no puede tener derecho a veto en la derogación de una normativa laboral cuyas consecuencias no han sido buenas. Pero las tensiones de las últimas semanas -al igual que los sucesivos retrasos en el cumplimiento de la promesa de Sánchez de poner fin también a la Ley Mordaza-, tratan de este debate, de la resistencia extrema de sectores poderosos de la política, la judicatura y la empresa a aceptar la derogación de los recortes de derechos y libertades democráticas y la austeridad. Y en el caso de la reforma laboral, eso es lo importante para millones de personas, poner fin a un retroceso laboral que ha supuesto recorte de derechos, precariedad y temporalidad. Esa reforma laboral ha sido, nueve años después de su aprobación, mala. No ha creado buen empleo, el que ha creado ha sido de baja calidad, ha lastrado las pensiones, no ha modificado el modelo industrial ni económico del Estado y ha condenado a buena parte de una generación a salarios bajos, inestabilidad social y al exilio laboral. Ha sido mala también para aquellos empresarios que entienden su negocio como una vía de aportación a la construcción social y económica de este país, que han estado en desventaja frente al clientelismo de los especuladores, los corruptos y los tiburones del mercado. El concepto neoliberal de mercado de trabajo dice todo del ámbito de relaciones laborales que se derivan de aquella reforma del PP: un mercado en el que la capacidad profesional y laboral de las personas se subasta a la baja. Puede parecer solo un pequeño detalle, pero señala el verdadero objetivo de esta anulación y supresión de derechos adquiridos, de conquistas sociales y laborales. La obscenidad política confunde y contamina la vida cotidiana. Una clara mayoría política y sindical de Navarra siempre la ha rechazado. A su aprobación le siguió una huelga general con éxito total en Navarra. Solo UPN y PP la apoyaron pese a sus costes sociales y humanos. Un futuro más humano, más solidario y más justo está de nuevo en juego. Es el fondo del debate.