Ha pasado desapercibida tras el humo y las llamas que devastaron buena parte de Navarra el pasado fin de semana y supongo que seguirá en un segundo plano político ahora que llega al galope el debate sobre la búsqueda de responsables, pero una vez más el Gobierno central –esto es, el del PSOE y Podemos–, amenaza con recurrir otra ley foral más ante el Tribunal Constitucional. Esta vez, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Los abogados del Estado –una tropa de choque libre de toda responsabilidad–, que se dedica a perseguir y devaluar las capacidades políticas del autogobierno foral han encontrado, al parecer y tras una exhaustiva investigación lupa en mano, hasta 13 artículos que dicen inconstitucionales.

Los abogados del Estado dan por hecho que los servicios jurídicos y los técnicos del Gobierno de Navarra son gente sin cualificación legal alguna. No es nuevo. A mi me paree un escándalo. Una tomadura de pelo más. Una agresión política de un centralismo que ha cambiado de formas, pero no de fondo. Se ha pasado de la descalificación brusca, de trazo grueso y de insultos a los regímenes forales, a un sistema más sibilino, oscuro y confuso que abusa de una interpretación jurídica que sabe que en último término –el Tribunal Constitucional–, será siempre favorable para bloquear y retrasar, no sólo ya el autogobierno, sino la capacidad de mejora de las condiciones de vida de las navarras y navarros.

Basta recordar que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de Navarra en el 85% de la veintena de leyes forales recurridas por gobiernos de Madrid en los últimos años. Es otro clásico reiterado de la política recentralista contra el autogobierno de Navarra. En unos casos por no gustar al Gobierno de turno sus contenidos y propuestas por cuestiones de discrepancia política o ideológica. En otros, por el impulso de cualquier alto funcionario de la Abogacía del Estado que encuentra invasión de competencias en cada normativa navarra que acuerda mejoras para la ciudadanía que aún no se han aprobado con carácter general en el Estado. Lo cierto es que PSOE y Unidas Podemos –ambos partidos forman parte del Gobierno foral que preside Chivite–, siguen en Madrid la misma estela centralizadora del PP para imponer una uniformidad política que convierte en papel mojado la bilateralidad política e institucional entre Navarra y el Estado y empeora el modelo de bienestar y cohesión social de Navarra.

La uniformidad normativa en todo tipo de cuestiones es un paso atrás para Navarra. Ahí sigue pendiente la recuperación de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial para la Policía Foral. Una gota en el océano creciente de una recentralización que pone en jaque, ya no sólo el espíritu de la Constitución de 1978, sino la propia Constitución y los pactos y compromisos que la hicieron posible. En el Pleno del Parlamento de Navarra de ayer se aprobaron cinco leyes navarras de máximo interés general para la sociedad: Vivienda, Juego, OPE de Estabilidad en la Función Pública, Peajes y Víctimas de la violencia policial y de extrema derecha. A la espera de que en los ministerios de Madrid se pasen el cubata y regresen a Navarra con el sello oficial de amenaza de inconstitucionalidad.