Respondo al escrito del presidente del Sindicato de Personal Administrativo el día 1, y lo hago como máximo responsable de la negociación y decisión de la integración de los hasta ahora asegurados y beneficiarios de los Montepíos de Funcionarios de Navarra en el Sistema Nacional de Salud.

En primer lugar, contestando a su afirmación, aclaro que no tengo ningún tipo de seguro privado de salud. Es más, como trabajador por cuenta ajena recibo desde hace 25 años atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones que van a ser aplicables a partir de ahora a asegurados y beneficiarios del montepío, con las ventajas que voy a exponer.

Hay quien ha venido manteniendo que la integración era un derecho que correspondía per se a los funcionarios navarros, y que no había nada ni que negociar ni que integrar. Los tribunales, sin embargo, lo han denegado reiteradamente, señalando que eran regímenes diferentes, e incluso indicando en sentencias que el camino para la misma era una negociación entre administraciones. Lo que hemos hecho.

Por tanto, se trataba de conseguir la integración, o al menos eliminar algunas barreras. Objetivos adoptados conscientemente desde un conocimiento personal de todas las características del montepío -al ser hijo de funcionario asegurado-, con sus ventajas, pero también con sus inconvenientes. Sistema que -habiendo sido un avance social en épocas pasadas-, incrementa sus disfunciones a medida que se establece una sanidad universal y coordinada, no sólo española, sino a nivel europeo y unida tecnológicamente.

Es cierto que se eliminan los denominadas prestaciones del uso especial. Pero entendimos que tienen más peso las mejoras que se han empezado ya a disfrutar y que ningún gobierno ni pleito hasta ahora había sido capaz de lograr: en primer lugar, la obtención de la tarjeta sanitaria europea (hasta ahora, sin ella, toda atención médica en otro país de la UE debía ser abonada in situ por el funcionario o sus hijos, con reintegro posterior de gastos), cuestión relevante en épocas en que la movilidad es una realidad cotidiana. Similar caso se daba ¡en España!: el funcionario debía pagar la asistencia médica fuera de Navarra (aunque luego la recuperase) que se le facilitaba por vía de urgencias. En el caso de residir períodos fuera de Navarra -jubilados, hijos estudiantes-, a partir de ahora podrán tener médico asignado estable, con la seguridad terapéutica que supone.

Un segundo aspecto muy relevante: se dejará de adelantar en la farmacia el 100% del coste de los medicamentos cuyo reintegro se produce por trimestres vencidos -lo que, de haber enfermos crónicos, es un lastre económico para las familias-.

Por último, los historiales médicos de los asegurados pasarán a ser accesibles en atenciones sanitarias que tengan lugar fuera de Navarra, aspecto vital en una urgencia o tratamiento complejo.

Así pues, intentando solventar, en la medida de lo posible, el máximo de estos problemas, encontramos en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad una excelente disposición. En la negociación se acordó que la fórmula que acabaría con todos los problemas era la integración de pleno derecho en el Sistema Nacional de Salud, con la extinción del residual sistema sanitario de los Montepíos. Esto es, ingresar en el que tenemos la mayoría de españoles.

Así lo refrendó el Parlamento de Navarra sin oposición; y todos sabemos que no ha sido fácil obtener consensos en esta legislatura.

En un cambio no siempre es posible -e incluso puede ser imposible-, obtener las ventajas de los dos sistemas. Hacerlo así, además hubiese supuesto una situación de desigualdad con los funcionarios ingresados en el Gobierno de Navarra tras 1992 -ya en el sistema nacional-, lo que contribuyó a la falta de apoyo sindical para un planteamiento así; y, en todo caso, hubiese estado sujeto a negociación y aceptación por el Gobierno. Ello hubiese, por otra parte, contravenido la oferta del Ministerio del paso al régimen general. También difícil hubiese resultado extender las ventajas, como se propone, a todo el personal de la Administración pública. Posición legítima pero que -además de lo ya expuesto-, difícilmente podría ser asumida al suponer un nuevo gasto para el Gobierno de Navarra en un año, el 2014, en el que todavía los gastos del Gobierno de Navarra siguen siendo superiores en 122 millones de euros a los ingresos obtenidos.

Por todo ello, entendemos que la decisión adoptada es positiva en su conjunto para asegurados y beneficiarios de los Montepíos, al homogeneizar sus prestaciones sanitarias tanto en España como en la UE en igualdad de trato con la mayoría de la población.

El autor es consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra