el Parlamento foral aprobaba recientemente una ley importantísima para construir una ciudadanía cultural plena, otorgando a creadores de cultura y conocimiento un papel significativo en nuestras sociedades, la Ley de Derechos Culturales. Un texto legislativo que, por desgracia, la actualidad política ha acabado por eclipsar, pero que merece un espacio distinguido en el balance de la actual legislatura. Por su carácter pionero tanto en el Estado como en Europa; por convertir a Navarra en una referencia en la materia; y por poner en valor las políticas culturales y establecer las obligaciones que las administraciones públicas deben tener en relación con los Derechos Culturales.
Reconocidos por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Derechos Culturales garantizan, principalmente, que las personas tengan acceso a la cultura y puedan participar en la vida cultural, en condiciones de igualdad y no discriminación.
Su reconocimiento es, por tanto, garantía de que la cultura se hace accesible, y se rige por otros derechos humanos, como los de igualdad y no discriminación. Todos y todas debemos poder acceder a los progresos intelectuales, al patrimonio cultural material e inmaterial, a la creación, a la información y la comunicación. El conocimiento nos hace libres, tenía como máxima Sócrates; y es desde ese convencimiento desde el que Geroa Bai ha apoyado la tramitación y aprobación de la ley. La libertad, uno de los bienes más preciados de cualquier sociedad (si no el que más) puede y debe protegerse también a través de la protección de los Derechos Culturales. La política cultural debe responder a una doble finalidad. De un lado, ha de promover valores, formas de vivir y pensar que cohesionen la sociedad y conformen marcos de convivencia basados en la pluralidad, libertad, creatividad, justicia social, inclusión, participación y democracia. Por otro lado, también se debe fomentar al máximo la dimensión creativa e innovadora de la cultura, para responder a los retos que afrontan las sociedades contemporáneas. Ambas finalidades son reforzadas con esta Ley de Derechos Culturales, que unifica la fragmentación normativa previamente existente y actualiza, además, ese cuerpo legal a las nuevas necesidades de la ciudadanía y del sector de los creadores.
Sería excesivamente largo enumerar todo lo que se regula en una ley que ha sido fruto del consenso y de un proceso participativo tan arduo como enriquecedor. Pero sí debemos constatar que a esta Ley, que coloca a Navarra a la vanguardia europea, está regida por principios de innegable valor: la garantía de igualdad entre las personas en el acceso a la cultura, con especial hincapié en facilitar dicho acceso a los sectores más vulnerables; la pretensión de equilibrio y compensación social, sectorial y territorial; la protección de la diversidad (de identidades, lingüística, tradiciones) de nuestra tierra; la transparencia y la responsabilidad de las instituciones en la gestión pública de la cultura; o la participación ciudadana y el sector profesional en la concepción de las políticas culturales.
Una ley extensa y hecha a conciencia, que regula tanto esa parte de las políticas públicas y los valores que deben regirlas, como cuestiones muy concretas: en materia de acceso a los bienes del Patrimonio Cultural de Navarra; del acceso físico o virtual a los equipamientos culturales de nuestra Comunidad foral; del funcionamiento de entidades como la Filmoteca; de la adecuación a los nuevos tiempos del sistema de bibliotecas; o de los servicios culturales que los municipios podrán promover en ejercicio de sus competencias.
Sobre esto último, cabe destacar que los municipios recuperan un papel importante, para que el acceso a la cultura tampoco dependa del lugar de residencia y sea igual de sur a norte, de este a oeste, tanto en ciudades como en pueblos.
La capacidad que tiene la cultura para ser integradora, transformadora y dinamizadora de la sociedad, en cuya creencia se dibuja todo el cuerpo de esta ley foral, no eclipsa que la cultura es, también, un importante factor de generación de empleo y desarrollo económico. Por ello, se regulan cuestiones como el micromecenazgo o el trato fiscal a los artistas.
Esta Ley Foral de Derechos culturales era oportuna y necesaria para la puesta en valor de los sectores culturales, tanto en beneficio del conjunto de la ciudadanía como de artistas, creadores, promotores y profesionales. Era oportuna para que las administraciones públicas implementen políticas culturales que permitan avanzar en la innovación, en las dinámicas territoriales, los equilibrios sociales, los aspectos educativos? que nos permitan un posicionamiento dentro y fuera del territorio. Y era oportuna para garantizar más y mejor acceso a ese conocimiento que nos hace libres, y nos fortalece frente a los conatos de involución democrática y social que tan de moda parecen hoy en día.
Los autores son miembros de Zabaltzen (Geroa Bai)
