el Gobierno de Navarra ha expresado su intención de empezar a retribuir a los empleados temporales con el complemento de grado, cumpliendo así con lo que han ordenado los jueces, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 20 de junio de 2019 resolviendo la cuestión prejudicial C-72/18 suscitada por un juez de Navarra. Regocijémonos por los felizmente afectados, pero solo lo justo, y pasemos a analizar qué hay detrás de este asunto. Porque el grado de los empleados interinos en Navarra es solo un pequeño síntoma del desastroso estado del estatuto de los empleados públicos en la Comunidad Foral. Empecemos por el principio. El grado fue creado en 1983 por el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Formaba parte de la carrera administrativa de los funcionarios, que podían ir ascendiendo del grado 1 al grado 7 por una mezcla de valoración de méritos y de antigüedad, y cada grado era retribuido con un 9% del sueldo inicial de nivel. Nuestros gobernantes y legisladores fueron incapaces de regular un sistema de concurso de méritos, así que desde 1990 se sustituyó “transitoriamente” (tres décadas después seguimos igual) por un ascenso por pura antigüedad. Los funcionarios ascendemos de grado automáticamente cada 6 años y 7 meses. Inicialmente, tenía sentido que el grado solo fuera de aplicación a los funcionarios por estar vinculado a la carrera administrativa. Sobre todo si consideramos que los contratos administrativos temporales solo podían concluirse para realizar proyectos o trabajos singulares no habituales, o para la provisión de vacantes en plantilla una vez aprobada la convocatoria para su provisión por funcionarios. Es decir, la temporalidad debía ser excepcional y breve y no tenía sentido pensar que un temporal tuviera carrera administrativa. El problema es que con los años el sistema se ha ido pervirtiendo. Primero, porque la transitoriedad del ascenso de grado por mera antigüedad se ha hecho eterna. Y segundo, porque la temporalidad se ha convertido también en norma. Las Administraciones Públicas se han acostumbrando a tener entre una cuarta parte y un tercio de eventualidad. Han contribuido a ello la legislación sobre estabilidad presupuestaria y las medidas de recorte ante la crisis económica de 2008, que impiden proveer definitivamente las vacantes. De otro lado, el personal temporal que mantiene varias décadas esa condición, y que incluso se jubila siendo interino, también ha dejado de ser algo extraordinario para ser cada vez más normal. Así las cosas, es lógico que los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, teniendo en cuenta “que la concesión del mencionado complemento no está relacionada con el ascenso de grado del funcionario afectado, sino con la antigüedad”, y que los empleados temporales realizan exactamente las mismas tareas que los funcionarios, hayan declarado que no retribuir por grado a los temporales constituye una discriminación no justificada. Que hayamos llegado a esta situación viene motivado porque el Estatuto de 1983 ha ido envejeciendo sin ser sustituido por otro adaptado a la realidad presente. Cierto que ha sido objeto de múltiples modificaciones parciales, pero hoy constituye más un conjunto de parches cosidos sobre otros parches anteriores que un texto racional y coherente. Nuestros gobernantes han ido aplazando una y otra vez una tarea necesaria pero ingrata, que no proporciona popularidad ni votos. Se ha ignorado por completo la exigencia de adaptar nuestra normativa al Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, norma estatal que vincula al legislador foral en cuanto a “los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos”. Los funcionarios navarros seguimos sin tener regulados derechos como el de la carrera profesional, la formación continua o la participación del personal en la gestión pública. Por otro lado, seguimos teniendo un Estatuto que regula el régimen de los funcionarios y sigue considerando al personal temporal como algo residual, sin apenas normas propias, lo que genera una inseguridad jurídica que conduce a problemas como el del grado. Tampoco contempla las actuales titulaciones académicas, ni regula adecuadamente al personal laboral o al de empresas y fundaciones públicas.
En el acuerdo programático del Gobierno de Navarra para 2015-2019 se incluyó, entre otros compromisos, el de impulsar la reforma en la Administración Foral añadiendo que “la conclusión de dicha reflexión deberá conducir, entre otros aspectos, a la reforma del Estatuto de la Función Pública adecuada a estos criterios, lo que se procurará culminar en esta legislatura”. A tal fin, se constituyó un grupo de trabajo, con personal de diversos departamentos y administraciones, que entre 2016 y 2018 analizó la situación existente y elaboró un documento con conclusiones y propuestas para un futuro Estatuto. Por desgracia, excepto la consejera que impulsó ese trabajo, el resto del Gobierno no mostró apenas interés por cumplir con el compromiso programático y la legislatura finalizó sin que se tomara ninguna iniciativa al respecto. En el acuerdo programático para 2019-2023 se ha incluido, de forma un tanto vaga e imprecisa, otro compromiso: “Continuar impulsando la reforma del Estatuto de la Función Pública, partiendo de los estudios y consensos alcanzados. Impulsaremos la implantación de una auténtica carrera administrativa basada en el mérito, capacidad, experiencia y desempeño y someterlas a la evaluación periódica del desempeño (sic). Refuerzo de los planes de igualdad en la política de personal de la Administración Pública. Desarrollo de un plan de relevo generacional dentro de la Administración foral”. El consejero de Función Pública expuso en el Parlamento su intención de remitir un proyecto de ley foral al respecto. Hacer un nuevo Estatuto es una tarea compleja, difícil y que dará lugar a desencuentros políticos y sindicales. Más cómodo es seguir poniendo parches, resolver los problemas concretos cuando surjan, ocuparse de lo urgente en perjuicio de lo importante. Pero hay que apelar a la responsabilidad del Gobierno y de las fuerzas políticas y sindicales para llevar adelante, de una vez, una tarea necesaria si queremos contar una Administración Pública moderna y eficaz servida por empleados públicos bien preparados y adecuadamente motivados y retribuidos.
