El actual Gobierno de Navarra y su presidenta María Chivite dijeron apostar por un concepto transversal de la igualdad de género en todas las políticas públicas con el objetivo de erradicar todas las violencias y conductas machistas. Un reto ambicioso que compartimos y que pondríamos en valor si percibiéramos una intención real de materializarlo.
El verdadero compromiso se demuestra con la práctica política y presupuestaria, y a la vista de que este año la financiación del Instituto Navarro de Igualdad prevista en el Proyecto de Presupuestos ha sido raquítica y no traslada ambición alguna, la conclusión es clara: las políticas de igualdad no son una prioridad para el ejecutivo navarro, y dicho objetivo tan proclamado se va a quedar en solo unas buenas intenciones. En la anterior legislatura se hicieron grandes avances en el ámbito legislativo y normativo, y se marcó el punto de partida para poder implementar políticas públicas eficaces y ordenadas. Entre otras cosas, se aprobó el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva, de manera que las mujeres navarras tuviéramos derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública y que las mujeres solas o sin pareja masculina tuvieran las mismas oportunidades para someterse a técnicas de reproducción asistida. Además, se elaboró el programa Skolae y por primera vez se empezó a trabajar en los centros educativos un programa de coeducación planificado, integral y transversal. Desde el INAI se trabajó intensamente en el Plan de Acción de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Igualdad LGTBI y se aprobó la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Todas ellas, leyes ambiciosas que ahora toca desarrollar en profundidad y llevarlas a la práctica. Por eso, este era el momento para dotarlas de suficiente asignación presupuestaria, algo que no ha ocurrido.
Para mejorar el exiguo presupuesto planteado por el Gobierno en materia de igualdad, nuestras propuestas de mejora se han basado en cuatro ámbitos de aplicación: las asociaciones de mujeres y feministas, las entidades locales para que cada municipio junto el tejido asociativo desarrolle las políticas igualitarias en su entorno; desarrollo del plan de acción contra la violencia de género que, sorprendentemente, el gobierno había reducido frente al año pasado; ampliación del programa Skolae y financiación para dos estudios que analicen en profundidad la situación de los cuidados y la situación de las trabajadoras del hogar en Navarra. Estamos convencidas de que, si queremos responder a las necesidades reales y ser efectivas en las políticas públicas, debemos conocer en profundidad la situación en que se encuentran las mujeres y, en especial, aquellas que más sufren toda la carga de cuidados y las peores condiciones laborables.
Pero más allá de intentar mejorar vía enmienda la financiación de determinadas partidas, es necesario que la igualdad sea una prioridad de gobierno. Si no se implementan políticas feministas transformadoras, será imposible responder a los grandes retos ante los que nos encontramos.
Una vez más la sociedad y, en este caso, las asociaciones y el movimiento feminista va por delante de las instituciones. Nos encontramos en un momento donde, gracias a los debates y análisis de los movimientos feministas, se ha puesto encima de la mesa el origen de los problemas que promueven y generan las grandes diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres. Las instituciones hemos sido interpeladas a erradicar esos problemas y nos corresponde responder a dichas demandas. ¡No hay excusas!
El diagnóstico de 2017 elaborado por Gobierno de Navarra sobre la situación de mujeres y hombres en Navarra dice que las mujeres invertimos más tiempo en los cuidados del hogar y de familia, 1 hora y 44 minutos más a diario. Además, tenemos peores condiciones laborales en términos de temporalidad, jornada, salario y la participación de las mujeres en la vida asociativa es muy limitada. Los estudios más recientes publicados sobre la brecha salarial en Navarra dan el dato del más del 26% de diferencia salarial entre hombres y mujeres.
Asimismo, las evaluaciones realizadas en la legislatura pasada sobre los recursos de acogida a las mujeres que han sufrido violencia de género nos han dejado toda una hoja de ruta para introducir mejoras en la atención jurídica, en las ayudas económicas y en los establecimientos de acogida como el centro de urgencia, casa de acogida y pisos residencia. Es necesario un nuevo modelo que ya está perfilado y que requiere gran inversión, así como un alto consenso y una firme decisión de gobierno, por tanto, para hacerlo realidad.
Estas cuestiones son algunas de las múltiples problemáticas identificadas a las que se puede y debe responder desde las instituciones. Hay que reducir la precariedad laboral, la brecha salarial, afrontar de raíz el tema de los cuidados, luchar contra la violencia de género y lgtbfobia, trabajar por los derechos de las mujeres migradas, acabar con las condiciones de explotación que viven muchas trabajadoras del hogar e impulsar la participación de las mujeres en el ámbito político y social, descentralizar las políticas de igualdad de una manera equitativa incidiendo en las zonas rurales... Estas son nuestras prioridades y poder responder a todas ellas requiere gran implicación política y presupuestaria. Ahí nos encontrarán.
Las autoras son parlamentarias forales de EH Bildu-Nafarroa
