s una sensación agridulce comprobar que quien fuera ministro de la dictadura, Rodolfo Martín Villa, haya declarado por fin ante la justicia. Un derecho imprescindible, el de la defensa ante la justicia, que ya ha ejercido ante la jueza argentina Servini, declarándose inocente y negando las acusaciones de delitos de lesa humanidad.

Algo difícil de entender para todos los navarros y navarras que vivieron aquel terrible 8 de julio de 1978 en el que "los grises" irrumpieron en la arena de la plaza de toros disparando pelotas de goma, botes de humo pero también hiriendo por disparo de bala a 11 personas y asesinando durante las siguientes horas a Germán Rodríguez.

Doloroso también no solo para las familias de los 5 obreros de Vitoria, sino para todas las personas que recuerdan con horror aquel 3 de marzo de 1976, cuando 4.000 trabajadores en huelga se reunían en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria y la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos al interior mientras disparaba con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. 5 personas fueron asesinadas y 150 resultaron heridas.

Mientras la justicia argentina realiza el trabajo que debería hacer la española, nos encontramos con un país que blindó a quienes realizaron crímenes de Estado gracias a la Ley de Amnistía de 1977, tan necesaria en ese momento para que los presos políticos pudieran salir de la cárcel pero que se convirtió en una trampa al ser utilizada por los elementos adictos al régimen para garantizarse la impunidad camuflada bajo el manto de la reconciliación. Más de 40 años después, esta ley sigue impidiendo que se investiguen los crímenes políticos cometidos durante el franquismo y la transición. Por este motivo la vía de la "Querella Argentina" se convirtió en un atisbo de esperanza para que las víctimas vieran cumplido su derecho legítimo a la justicia y la reparación.

Estos días hemos podido comprobar cómo ese blindaje a la impunidad se mantiene en la actualidad tras conocerse las vergonzosas cartas enviadas por González, Aznar, Rajoy y Zapatero junto a ex líderes sindicales de UGT y CCOO pretendiendo influir en la investigación por crímenes franquistas entre 1976 y 1978. Una iniciativa impulsada por el propio Martín Villa como si haber formado parte de la Transición fuera un motivo para ni siquiera juzgarlo.

Partiendo de la presunción de inocencia de todas las personas, creemos que todo crimen debe ser investigado y juzgado para conocer quiénes son los culpables y establecer responsabilidades. Esto no ha ocurrido con los crímenes del franquismo.

Por eso nos sumamos a las declaraciones realizadas por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del Franquismo (CEAQUA) que considera estas aportaciones al juicio como "un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini de Cubría, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático".

Porque los errores son errores y los crímenes son crímenes pero eso no lo deciden expresidentes, lo deciden los tribunales.

Porque la impunidad y el silencio son ajenos a cualquier idea de justicia.

Porque tiene que haber un antes y un después como pueblo, como democracia, como sociedad. Y ese después tiene una deuda con el antes. No lo olvidemos. Esa deuda es con las víctimas y con la verdad. Por lo tanto, no a los poderosos, no a la parcialidad de la justicia, no a la impunidad de los sicarios y no a la ocultación de los crímenes.

Verdad, memoria, justicia y reparación.

Los autores son parlamentarios de la Agrupación Parlamentaria de Podemos Ahal Dugu