La cuestión de fondo y el fondo de la cuestión

22.09.2020 | 01:27

El sainete esta vez ha sido la ocasión de Martín Villa ante la jueza argentina Servini. La maraña de principios en que se enreda el sistema jurídico español ha recurrido esta vez a la Ley de Amnistía. Comprensible la rabia profunda de los afectados por la injusticia cometida con sus deudos y la frustración de quienes son conscientes de encontrarnos bajo un sistema criminal empeñado en la defensa de sus agentes. Una vez más es a destacar el escándalo de plañideras de quienes lamentan el déficit democrático, que lleva a no hacer responsables de sus desmanes a los guardianes del orden hasta la cima de la más alta responsabilidad del Estado. Llueve sobre mojado sobre el impenetrable suelo de la legalidad española sin que la costra de estériles lateritas tropicales de donde obtiene su sustancia jurídica pueda reblandecerse. ¿Qué esperan quienes vienen concediendo desde 1976 la credibilidad democrática al sistema jurídico-político patrocinado por los exfranquistas arrepentidos y sus apadrinadores de la vieja oposición?

Podríamos hablar de déficit democrático en el caso de que situaciones similares a ésta de Martín Villa fuesen esporádicas, atribuibles a los residuos de la dictadura en el aparato del Estado; residuos difíciles de limpiar por la cantidad de resortes de la vieja maquinaria estatal reutilizados en el nuevo orden. Los revolucionarios suelen sentir la urgencia de recurrir en la construcción de la nueva administración a la vieja maquinaria del aparato del Estado que acaban de demoler, particularmente en el terreno de la seguridad. No es éste el caso. Nos encontramos ante el hecho consumado e irreversible del desplazamiento global del Estado de la dictadura al Estado monárquico. ¿Es posible una transformación de esta índole? Hay quien pretende creerlo.

El orden reconstituido por Franco estructura la presunta democracia. Es necesaria la fe del neófito ante la evidencia de la índole de este Estado: funcionariado, sistema judicial, colectividades como Ejército e Iglesia y, ante todo, la oligarquía en sus diferentes niveles, junto con determinados sectores emergentes integrados por intelectuales y periodistas. Estos dos últimos dedicados a crear y difundir el discurso de la democracia y estado de derecho mediante esfuerzo permanente, porque esta valoración sea asumida por el imaginario colectivo. Todo este conjunto de instancias institucionales y grupos colectivos, definidos y excluyentes, constituye el armazón del Estado, que somete a colectividades nacionales de marcada identidad, como son los casos de Navarra y Catalunya, integra como masa crítica del poder efectivo al maremágnum sociológico madrileño, constituido por quienes dominan los recursos materiales del Estado, controlan el instrumento institucional y disponen de la fuerza de coerción y demás resortes de dirección del Estado. Junto a este inmenso núcleo la inercia de quienes asumen este orden, que sienten la ventaja de encontrarse junto al centro del poder al que prestan colectivamente el peso de su masa frente a los refractarios. El resto del Estado lo conforman quienes se consideran en situación o coyuntura positiva, al poder disfrutar de prebendas o ventajas derivadas de actividades implementadas por la maquinaria estatal, o, finalmente, viven limitados en la esperanza de que el territorio marginal de sus comunidades históricas –hoy autonomías– sea agraciado por el maná directo de un benevolente Estado en medio de la atonía histórica en que transcurre su existencia.

El panorama que antecede mantiene la continuidad histórica con el finiquitado imperio en manos de una casta dirigente que succiona la riqueza hasta el punto de poner en riesgo el mantenimiento y reproducción de las colectividades productoras, planteamiento éste diferenciado de otros modelos imperiales, los que se basan en un marco abierto a la iniciativa individual que permita el progreso propio de la colectividad hegemónica. El matiz entre los grupos históricos y el modelo extractivo español actual lo representa el papel de una gran oligarquía, conformada junto al regazo del poder, porque siempre ha sido éste quien ha controlado la riqueza; en el pasado histórico la gran propiedad, en la España contemporánea, hasta hoy en día, la oligarquía crematística que ordena el conjunto del Estado; oligarquía conformada por todos los reciclados en negociantes empresariales y financieros, inadecuadamente diferenciados en sus actividades públicas y privadas, junto al alto funcionariado dueño de las interioridades del ejecutivo y recovecos de la legalidad, en endogamia, abierta hoy en día a los altos responsables políticos.

El Estado real. ¿Es la corrupción? Sí, allí donde la legalidad no ha explicitado en texto legal la capacidad del poderoso para llevar a cabo sus desmanes. En los últimos tiempos el cuerpo judicial abre el camino a través de interpretaciones arriesgadas a quien forma parte del aglomerado del poder, en el esfuerzo por alcanzar sus propósitos, en materia económica y en las cuestiones jurídicas en que pueda verse implicado. La corrupción, esto es, las actuaciones ilegales que afectan a esta gente por cohecho, favoritismo y otros manejos, se utiliza en los casos que no hay juez condescendiente ni ley forzada. Es en el caso de Martín Villa, donde una vez más resplandece el desafuero; cuando el Estado español cierra filas con el fin de impedir que la justicia internacional procese a uno de los ejecutores de mayor responsabilidad en la violencia con la que el Estado franquista atacó a la disidencia refractaria frente a la transfiguración de tal Estado en monarquía constitucional.

La gravedad de los hechos afecta a la imposición violenta de un engañoso proceso de democratización de la dictadura que se llevó por delante a toda disidencia, no tanto por el pretexto de los medios violentos usados por sectores determinados de disidentes, quienes, en todo caso, consideraron su actuación respuesta a la violencia del Estado, cuanto por constituir la disidencia en sí misma un planteamiento que ponía en riesgo el proyecto del proceso de Transición. El resultado es conocido. La represión de toda manifestación civil denunciadora de los objetivos engañosos y lo impositivo del citado proyecto. La represión no quedó en límites que se califican de policiales por la utilización frecuente de armas y munición de guerra por las fuerzas policiales, que produjeron muertes, heridas de gran gravedad y daños materiales de cuantiosa entidad. Mayor gravedad tuvieron las acciones de abierta guerra desarrolladas contra líderes y elementos sociales refractarios, con resultado igualmente de muertos y situaciones que pudieron alcanzar la dimensión de catástrofe por medios utilizados y procedimientos. A todo ello conviene añadir la persecución multitudinaria sufrida por los sectores de la sociedad civil que reclamaban el fin de la dictadura, sin disfraces monárquicos-constitucionales, persecución ésta que repercutió en detenciones y torturas policiales sistemáticas contra el ejercicio de la libertad de expresión. Nos encontramos ante un hecho criminal colectivo, del Estado, perpetrado por los más altos representantes políticos; responsabilidad ampliable a tantas otras actuaciones, oficiales o incontroladas justificadas en todos los casos por el poder, que recurrió a la condescendencia judicial y a la exculpación de culpa y pena por el ejecutivo en los casos de condena; particularmente en los casos de tortura y malos tratos, procedimiento policial sistemático que manifiesta la implicación de responsables políticos y judiciales en el marco de la represión política. Frente a ello, la contundencia de la condena sin paliativos a quien utilizaba la violencia contra el poder, o no la utilizaba.

La actitud de lo más relevante de la clase política, separada de la actividad directa, que se rebela por la implicación del emérito y de Martín Villa en procesos de responsabilidad penal, es la muestra más contundente de que el ordenamiento jurídico presente de España como Estado mal disfraza la vergüenza de un sistema autoritario que contradice su reclamación de un sistema democrático mediante la identificación de tan señalado grupo con los procedimientos y objetivos de la Transito de la monarquía-dictadura de Franco a la monarquía constitucional de la que el mismo tirano marcó el procedimiento y camino.

El colofón de esta reflexión lleva a afirmar primeramente que el orden jurídico español no encaja en el esquema del Estado de derecho, por no cumplir las exigencias del mismo sino en su aspecto formal, pudiendo igualmente encontrar en sus bases declaraciones contrarias a los principios democráticos más elementales. En segundo lugar, por el forzamiento de la ley en que colaboran los denominados tres poderes en el ejercicio de sus funciones y, finalmente, por la sistemática transgresión del ejercicio del poder que ha hecho de la corrupción el instrumento de la imposición de los poderosos, cuando ejercen desde el ámbito institucional; sobrepasando las limitaciones legales de no disponer del texto legal que autorice su desafuero.

La comprensión de esta realidad es factible reconociendo la vinculación del sistema con la dictadura que precedió al régimen actual. En todo caso, no es posible atribuir en exclusiva esta herencia si no se asume que el franquismo es igualmente hijo de la cultura política española; cultura que no ha superado la relación de poder vasallo de la época anterior a las transformaciones político jurídicas de la época del sistema jurídico estamental y autoritarismo monárquico anterior a la revolución contemporánea.

Finalmente, señalar que el conjunto de estos hándicaps son resultado de un proyecto de Estado excesivamente ligado a las fuerzas sociales y territoriales que lo han creado, que se han revelado factores retardatarios, carentes de creatividad, propiciados por una perspectiva puramente extractiva de los territorios y culturas cohesionados humanamente, a los que se niega identidad y libertad. Nabarralde

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