El esperpento del poder judicial

23.12.2020 | 01:09

Si el príncipe de la sátira interrumpiera hoy su descanso eterno y levantara la vista a la realidad del país, volvería a redescubrir el término esperpento, conjugándolo con el Consejo General del Poder Judicial, en detrimento de Luces de Bohemia, que dio paso al género satírico y a su máxima expresión, el esperpento.

Hoy el poder judicial se encuentra en el cruce de todos los caminos de la política, se ha convertido en la madre de todas las batallas. Hasta los golpistas, sean los del manifiesto de los 278 de alta graduación, como los de los otros dos manifiestos entregados al Rey, como los washaps de los 26 millones de muertos, confluyen en que peligra la Unidad de España, la Monarquía y el CGPJ por culpa del gobierno social-comunista.

En una encuesta realizada por el periódico El País entre los portavoces de todos los grupos políticos integrantes del Congreso, resulta que el 80% del Congreso no sería partidario de modificar los arts. 1 y 2 de la Constitución, precisamente los que hablan de la Unidad Territorial de España y de la Monarquía como forma que debe adoptar la jefatura del Estado.

De qué extremado temor hablan pues estos nostálgicos del franquismo, quizá su cerebro se encuentre ablandado por la ignorancia de la situación de su país al que tanto dicen amar, lo que les lleva a semejante estado de alucinaciones alimentado por las 10 pastillas diarias, o son los intereses espúreos de que los suyos ocupen el poder a toda costa, ante el anatema de que el gobierno de coalición es ilegítimo, cantinela repetida una y otra vez por toda la derecha para ver si cuela en la ciudadanía.

Una vez más, las mentiras se apoderan del escenario político. Ni hay a la vista la ruptura de España, ni siquiera el desmantelamiento de la Monarquía, eso no quita para que una mayoría desee que el monarca no goce de inmunidad, según reza la referida encuesta. Desde que se instauró el gobierno de coalición, las intentonas de subvertir el orden constitucional no han cesado, y menos ahora que ven cómo ese gobierno se perpetúa para toda la legislatura, y quién sabe si para la siguiente, eso es lo que duele, y no las patrañas de las que hablan. Dónde están los González, Guerra, Corcuera y Cía que ahora se apretujan en el silencio cobarde.

Ya le vale al PP de jugar con ese vocablo de la ilegitimidad, que sólo le sirve como excusa para prorrogar su influencia en el CGPJ, ese tercer poder del Estado que determina lo que es constitucional de lo que no lo es en todo lo que se legisla, el que interpreta a su albedrío el alcance de las leyes en su aplicación, muchas veces manoseada por la política, el que hace los nombramientos de todas las altas instancias de la judicatura, el que sanciona, en última instancia, las conductas de carácter penal, a veces con distinta vara de medir.

Con el CGPJ hay mucho en juego, por eso el PP se amarra como un naúfrago a la excusa de negar la presencia de Podemos en los debates para permitir su renovación, como si no hubiera obtenido los votos ciudadanos que avalen su presencia en el Gobierno. Esta música suena un poco a la de la campaña pre y post electoral de Trump. El certificado de legitimidad lo dan las elecciones y no las manifestaciones de un partido político. Lo más grave es que el CGPJ dé carta de naturaleza a estos argumentos antidemocráticos con su omisión.

Como dice el diputado nacionalista Aitor Esteban, los que presumen de constitucionalismo son los más anticonstitucionalistas, dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el refrán, y así, su amor al texto constitucional les lleva a bloquear una de las principales instituciones del Estado durante dos años, el CGPJ, con excusas que también vulneran la Constitución, como el último envite torticero lanzado por el Sr. Casado, condicionando su renovación al rechazo del indulto para los del procés, como si los deberes constitucionales fueran cosa de una partida de mus.

El Gobierno de coalición amagó con cambiar la Ley del Poder Judicial, reduciendo de 3/5 a mayoría absoluta de ambas cámaras los nombramientos de la terna de 12 jueces, como arma de presión para renovar el CGPJ, tras lo cual esta institución, como los partidos de derecha, pusieron el grito en el cielo al son de denunciar un talante dictatorial en la medida, mientras durante 2 largos años nadie de éstos ha dicho nada sobre el bloqueo, una muestra más de en qué trinchera está instalado cada uno.

Dentro del proceso de negociaciones, el Gobierno anuncia el propósito de retirar los nombramientos de los jueces por la mayoría absoluta del Congreso, ya que lo contrario, ciertamente, pondría en solfa la división de poderes, pilar fundamental de la democracia, ya que los del Gobierno podrían nombrar a 12 de sus miembros, por ninguno de la oposición, mientras que con el requisito de los 3/5 sería obligada la transacción entre adversarios y la necesaria transversalidad. Este propósito del Gobierno, ahora abandonado, siempre ha sido una mala jugada, por antidemocrática, incluso en la tesis de emplearlo como arma arrojadiza para desbloquear la situación.

El Partido Popular sigue enrocado en la ilegitimidad del Gobierno como argumento a su negativa, lo que habla del desprecio de este partido por la Constitución y la democracia, porque el Gobierno nace de las urnas y éstas han dado su veredicto. Como dice el art 1.2 de la Constitución, "La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". Esta conducta de bloqueo, que parece copiada de Trump, constituye una deslealtad hacia las instituciones que no tiene parangón, porque el pueblo español ha expresado sus preferencias. En el caso de que se conformara un Gobierno salido de las urnas con Vox y el PP, a los demócratas no nos quedaría otro remedio que aceptar, bien fuéramos de izquierdas como de derechas. En eso consiste la democracia, cosa que no parecen entender incluso algunos jueces del CGPJ con su silencio cómplice.

A río revuelto ganancia de pescadores. Este refrán ha sido aprovechado por alguna asociación de jueces conservadora, en el fragor de la batalla por los cambios de la Ley del Poder Judicial que pretende el Gobierno, para plantear que los nombramientos de los jueces del CGPJ se hagan a cargo de las asociaciones de jueces, organismos que no han sido elegidos por el pueblo, y, en consecuencia, sin legitimidad para decidir sobre un poder del Estado que debe emanar directamente del pueblo, en este caso, los diputados y senadores salidos de las elecciones. Veremos en qué acaba todo este culebrón.

Desde que se instauró el gobierno de coalición, las intentonas de subvertir el orden constitucional no han cesado, y menos ahora que ven cómo ese gobierno se perpetúa para toda la legislatura