n el artículo anterior acabamos concluyendo que la sanidad era un bien público por excelencia pues afectaba a la vida de todos los ciudadanos y, además, era el Estado, en última instancia quien sufragaba mayoritariamente los gastos sanitarios, ya fuera mediante subvenciones para investigación a las farmacéuticas; ayudas a la formación de los profesionales del sector sanitario; el concierto con clínicas y hospitales privados y, finalmente, con el pago directo de toda la red pública sanitaria.
En los artículos respecto a las peripecias de la Can que han intentado dinamizar esta campaña pro refundación de la Caja como banco público foral, hemos visto cómo la Excelentísima Diputación Foral creó la Caja para contribuir al desarrollo del entonces llamado "Retiro Obrero", germen primigenio del actual sistema de pensiones y Seguridad Social; sirviéndose de ella para llevar su propia tesorería y colocar los empréstitos públicos. Y también en sus Actas hemos visto que concedía préstamos baratos a ayuntamientos, concejos, cooperativas, pequeños industriales, agricultores o ganaderos€ para acceder a la propiedad de los medios de producción o para la construcción de viviendas económicas ayudándoles así a defenderse de la usura. Es decir, ejercía una función pública en toda regla (ver: Can Dpto. Financiero de Excma.)
En La Historia del Dinero, de E. V. Morgan, se explica que "la moneda" nació hace casi 3.000 años y que "el Estado se reservó el derecho de acuñación y se encargó con gran esmero de cuidar el peso y la ley de las monedas€ promulgando leyes contra quienes las falsificasen€". Sin embargo, hasta que en el siglo XVII, Pierre Blondeau inventó una máquina para producir monedas con el borde labrado€ era muy fácil la mutilación de la moneda buena€ limando el metal en el borde. Es decir, el delito ha existido desde siempre. El crédito nace casi a la vez que el dinero, y la antinatural y perniciosa avaricia humana nos aporta de inmediato la usura como práctica no ajena a los prestamistas (el pasado 14 de septiembre la Secc. 4ª de la A.P. de Las Palmas de Gran Canaria ha planteado una cuestión perjudicial al TJUE sobre la compatibilidad entre la Ley de la Usura y el principio de libre prestación de servicios en el mercado común del crédito). De ahí que el Estado deba velar por defender a los ciudadanos de dicha usura (tarjetas de crédito al 20%...), como los defiende de la enfermedad.
También nos consta que el colosal negocio que suponen los servicios bancarios está sostenido por el Estado, tanto por la garantía que presta el Fondo de Garantía de Depósitos (hasta cien mil euros por depósito), como por los rescates y esos aplazamientos en el pago de impuestos (llamados crédito fiscal) que ahora -tras mucho bregar en las calles- se han concedido a los hosteleros y que la Banca lleva gozando de ellos desde 2008 sin que la ciudadanía se haya apenas enterado; igual que bastó con una llamada al presidente del Tribunal Supremo para que éste, en 48 horas, retirara de su sentencia la retroactividad de las cláusulas abusivas hipotecarias. Además, ahora, el Estado también avala los préstamos ICO en una sustancial medida. ¡Menuda bicoca para la banca, así es más fácil arriesgarse a conceder créditos! Por otro lado, ya hemos visto que al primer amago de desgracia generalizada, sale Papá Estado al rescate. ¡Vamos que€ si no hubiera sido por las ayudas estatales, todos los bancos privados del mundo hubieran quebrado! Es decir, el Estado favorece a unos particulares para que se enriquezcan gracias a sus ayudas, incluso pagándoles intereses más altos por los préstamos que a él mismo le conceden, cuando en realidad le bastaría con emitir un nuevo empréstito a través del Banco Central.
El sector financiero privado lleva siglos viviendo a costa de los Estados, tanto es así que un intelectual de tomo y lomo, y tan ecuánime como don José Ortega y Gasset hace ahora cien años, en El Espectador, dijera: "los dueños del siglo XIX: financieros, abogados y periodistas". Pues bien un siglo más tarde son los financieros quienes pagan abogados para que preparen los proyectos de ley que han de susurrar al oído de los legisladores, y, pagan -con anuncios en los medios- para que los periodistas no sean críticos con determinadas cosas, e incluso pagan a espías de las cloacas del Estado para que extorsionen a los disconformes. Así se adueñan de el sistema y todo sigue su pacífico curso.
El negocio bancario no es especialmente difícil pues se basa, como el de seguros, en la ley de probabilidades: se trata de que los riesgos estén suficientemente distribuidos, para lo cual es preciso un gran número de clientes pues no a todos les va ir mal a la vez. La avaricia quiere que los beneficios aumenten constantemente y rebaja las precauciones ante el riesgo, lo cual, lógicamente, acaba provocando quiebras. Ya hablaremos de ello en un artículo sobre los coeficientes de solvencia financiera.
En definitiva, si es el Estado quien garantiza la viabilidad de la Banca, ¿por qué no ejerce éste mayoritariamente dicha actividad? Los grandes números de clientes los darían los pensionistas, los subvencionados y los empleados públicos. Por otro lado, mejoraría el servicio bancario, pues desde que proliferan las privatizaciones de servicios, antes públicos: aguas, electricidad, telefonía, combustibles€; las oficinas de atención al cliente han cuasi desaparecido, mientras aumentan las colas. Ahora, todo se ha de tramitar informáticamente para ahorrar gastos a las empresas e incrementar así sus beneficios. ¿Y los ancianos o los que no dominan esa informática o no tienen para pagar a un gestor? ¡Ah! ¿Esos? ¡Esos que se chinchen, que hubieran nacido más tarde o con más posibles!
En el artículo referido a la inauguración de la oficina central, en 1922, tras citar diversas estadísticas de 1988, concluíamos: la Can llegó a custodiar casi la mitad de los ahorros de los navarros, amén de financiarlos, pagar impuestos, contratar personal y ejecutar una ingente obra social. Un negocio, si no colosal, sí suficiente para una comunidad pequeña como Navarra (el Gobierno foral, según él, paga 23.682 nóminas y, según mis cálculos, los 272 municipios navarros pagan unas 4.300, lo que hacen un total de 28.000 aproximadamente. Con gestionar esas nóminas, seguros, hipotecas..., Navarra podría recomenzar la andadura de un banco público foral). ¡Ahh, si pudiéramos recuperar la banca pública que tuvimos hasta hace una década!
Navarra es soberana, Navarra puede y debe recuperar su banca pública para mejorar el futuro de quienes nos sucedan. De nosotros depende.
El autor es promotor de la refundación de Can, notario jubilado y nieto del director gerente de Can desde 1921 a 1950
