Un año con más ruido que nueces

Aunque solo sea por situar en sus justos términos lo que algunas voces de la derecha han venido calificando como gobierno de rojos y comunistas recordemos que el gobierno PSOE-UP no recoge, en su programa de gobierno, ni propiciar un cambio de régimen hacia la República, ni acometer una revisión de las alianzas internacionales de España (OTAN) ni tampoco avanzar en una transformación desde la izquierda del sistema social y económico. Estas son cuestiones que dada la correlación de fuerzas de la coalición resultan imposibles de abordar en este gobierno, pero el hecho de que no se acometan deja bien a las claras que al menos el programa de gobierno no es ni rojo ni comunista. Dicho esto, el programa de gobierno, a pesar de tener bastantes generalidades y escasos compromisos concretos, sí muestra una voluntad política de mejorar los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, así como de combatir los niveles sangrantes de pobreza y desigualdad existentes en España, niveles que nos sitúan a la cabeza de Europa y que no han hecho más que aumentar en la última década. Sin embargo, los avances en su cumplimiento en el primer año de gobierno nos parecen más mediáticos que reales. Es por ejemplo lo que está pasando con el Ingreso Mínimo Vital, medida estrella en la lucha contra la pobreza extrema, y que transcurridos ocho meses desde su puesta en marcha avanza a paso de tortuga. Mientras que desde el comienzo de la pandemia 790.000 nuevas personas (informe Intermón Oxfam) se han unido a las filas de la pobreza severa el IMV tan solo llega de momento a 160.000 hogares del millón previstos.

En Navarra contamos con una herramienta mucho más potente en la lucha contra la pobreza severa. La Renta Garantizada, aprobada por el cuatripartito la pasada legislatura, está siendo útil y eficaz como lo demuestra la tasa Arope de pobreza situada en el 12% en Navarra frente al 26% de España.

Aunque un año es todavía un tiempo escaso para hacer un balance concluyente del gobierno de coalición sí se apuntan ya, en nuestra opinión, algunos elementos importantes.

Los compromisos más reformistas desde una perspectiva social o de izquierdas del programa de gobierno continúan atascados; es lo que está pasando con la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 o la reforma de pensiones también del PP de 2013. Es lo que también está pasando con la reforma fiscal, se hacen cambios menores pero la gran reforma de los impuestos sobre los beneficios empresariales y el capital no se realiza, y seguimos con un marco fiscal radicalmente injusto en el que las peor paradas siguen siendo las rentas del trabajo.

En 2020 en Navarra se recaudó por IRPF (rentas de trabajo en su gran mayoría) seis veces más que por el Impuesto de Sociedades (beneficios empresariales). Las cifras del conjunto de España están en esta misma línea.

Mención especial merece lo sucedido con la privatización de Bankia. Después de gastar 22.242 millones de euros de dinero público en su rescate, de los que solo se ha devuelto el 13%, el gobierno renunció a crear una Banca Pública y decidió privatizar la entidad. Esta decisión impuesta por el PSOE y acatada por UP muestra claramente los límites políticos del gobierno y su negativa a alterar en favor de lo público el actual status quo del poder económico y financiero en España. No se toca la hegemonía de las grandes corporaciones empresariales y financieras privadas y no se desarrolla un sector económico y financiero público con capacidad real de orientar el desarrollo económico y el funcionamiento de los mercados.

Nada más constituirse el gobierno tuvo que hacer frente, como el resto de gobiernos de Europa y el mundo, a una situación excepcional y de enorme gravedad sanitaria, social y económica, la pandemia del covid-19. Son numerosas las voces que sostienen que gracias al gobierno PSOE-UP la gestión política de esta crisis está siendo muy diferente de las políticas austericidas aplicadas en las crisis de 2008 y 2011. Tienen razón esas voces en que esta vez se está afrontando la crisis de forma muy diferente. Esta vez ante un riesgo real de colapso interno la UE ha suspendido la aplicación en 2020 y 2021 de sus ortodoxas reglas neoliberales. Ahora sí se están implementando programas de gasto público y expansión presupuestaria que tratan de aliviar el derrumbe económico provocado por la pandemia y sus enormes destrozos sociales y laborales. Pero en lo que esas voces no tienen razón es que ello se esté haciendo en España porque tengamos un gobierno de izquierdas. Lo cierto es que estas políticas expansivas del gasto se están realizando con similar intensidad (en torno al 5% de PIB) en toda la UE, tanto en países con gobiernos de izquierda como de derecha.

Lo que diferencia a España de países como Alemania o Francia es la forma de financiar el escudo social. Mientras España aumenta alarmantemente su endeudamiento público hasta el 120% del PIB, con la decisiva intervención del BCE (el 30% de la deuda pública española está ya en manos del BCE), otros países financian su escudo social de forma más equilibrada y con un endeudamiento mucho más controlado y reducido. En España no, aquí se renuncia a una reforma fiscal profunda y lo fiamos todo a un endeudamiento que cada día pesa y condiciona más nuestra soberanía económica. Los fondos europeos de reconstrucción se han presentado por el gobierno como la gran oportunidad para dar un gran salto adelante modernizador en la economía española. Efectivamente, debieran servir desde un enfoque de izquierdas para modernizar, con liderazgo y participación pública, la desindustrializada estructura económica española. Sin embargo, por lo que se va anunciando y conociendo parece que no habrá nuevas empresas públicas que gestionen los nuevos proyectos e inversiones sino que los miles de millones de euros previstos irán una vez más al gran capital y empresas privadas. Con el peligroso agravante además de que la recepción de esos fondos, según han declarado ministros del gobierno como el señor Escriva (ministro de la Seguridad Social), tendrá una clara y fuerte condicionalidad. En el caso de lo afirmado por el ministro Escriva esa condicionalidad pasa nada menos que por un recorte de 30.000 millones de euros en el futuro gasto de nuestro sistema público de pensiones.

Ha pasado ya un año de gobierno de coalición, un año excepcional por la pandemia, un año con logros (escudo social) pero un año asimismo donde se han visto muy claramente las carencias y límites del programa de gobierno, y un año finalmente en el que se dibujan también graves riesgos y amenazas para el futuro inmediato. Por lo tanto, en base a los hechos, ¿podemos afirmar que este ha sido un año satisfactorio para lo que las clases trabajadoras y populares esperan y necesitan de un gobierno de izquierdas? En nuestra opinión lo correcto sería concluir que ha sido un año de gobierno progresista, más en la línea de lo esperable o previsible de un gobierno del PSOE, pero que desde la mirada de la izquierda transformadora y sobre todo desde lo que espera y necesita la mayoría social ha sido un año de más ruido que nueces. Queda por ver si en 2021 el gobierno dará un firme paso adelante en el cumplimiento de su programa o será necesaria la movilización para exigírselo. Hay que cumplir el programa de gobierno en todo su contenido y en especial en sus aspectos más sociales, y hay que poner pie en pared frente a tentaciones y amenazas de futuros recortes sociales como los que hasta algunos ministros se hacen públicos portavoces y defensores. Cuando la movilización social es necesaria la izquierda no puede dudar entre el gobierno y la calle. Esté quien esté en el gobierno frente a incumplimientos, recortes y decisiones antisociales su lugar deberá estar siempre y en primer lugar en las calles y en las luchas con la ciudadanía y las clases populares.

Firman este artículo: Oswaldo García, Pilar Gastón, Cristina Lainez, José Antonio Mancho, Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda, Iñaki Bernal y José Miguel Nuin Afiliados/as IUN-NEB